El expresidente Martín Vizcarra cuestionó públicamente la reciente requisa realizada en el penal de Barbadillo, luego de que una revelación periodística expusiera la existencia de artefactos, mobiliario y servicios básicos particulares en las celdas donde permanecen recluidos los exmandatarios peruanos Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Castillo y el propio Vizcarra.
A través de su cuenta oficial en la red social X, Vizcarra comparó el operativo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con el trato que recibió el expresidente Alberto Fujimori, quien permaneció 16 años en el mismo establecimiento penitenciario.
“¿Le hicieron alguna requisa a Fujimori en los 16 años que estuvo en Barbadillo?”, escribió Vizcarra, señalando que el exmandatario “tenía hasta una huerta que cultivaba con todas sus herramientas, incluyendo un tractor”.
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El exjefe de Estado también denunció haber sido sometido a tres requisas en menos de 24 horas, y cuestionó la difusión de fotografías del interior de su celda al día siguiente en medios de comunicación. “La orden viene de arriba”, afirmó.
En su mensaje, Vizcarra lanzó además un reto directo al encargado de la presidencia del Perú, José Jerí, a quien desafió a asistir personalmente a una futura requisa. Según indicó, estas intervenciones no contribuyen a enfrentar problemas como la extorsión y el sicariato, que —afirmó— se encuentran desbordados en el país.

Las declaraciones se producen en medio de una fuerte polémica por las imágenes difundidas tras la requisa, las cuales han derivado en denuncias presentadas por los propios expresidentes por presunta vulneración de su derecho a la intimidad y posible abuso de autoridad por parte de funcionarios del INPE.
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Desde el Congreso, el parlamentario Alejandro Muñante anunció que solicitará a la Comisión de Fiscalización citar al director del penal de Barbadillo para que explique las condiciones de reclusión y determine si existieron privilegios indebidos.
Presentan denuncia penal contra funcionario del INPE
El expresidente Martín Vizcarra formalizó anoche una denuncia penal ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Este contra Henry García Malpartida, director de la Dirección de Seguridad Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y contra quienes resulten responsables, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación a la intimidad en su forma agravada.
Según el documento legal presentado, al que tuvo acceso este medio, la denuncia se sustenta en la toma y posterior filtración a la prensa de fotografías del interior de su celda, realizadas durante las requisas ejecutadas en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo los días 7 y 8 de febrero de 2026, sin autorización expresa y en presunta vulneración de derechos fundamentales.
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El escrito precisa que la primera requisa, realizada la noche del sábado 7 de febrero, se desarrolló con normalidad y sin observaciones, ya que los bienes encontrados contaban con autorización administrativa para cubrir necesidades básicas no garantizadas por el Estado. No obstante, pese a ello, se ejecutaron dos nuevas requisas en menos de 24 horas, sin que existieran razones objetivas que las justificaran.
A través de la red social X, el abogado Erwin Siccha, defensor legal de Vizcarra, sostuvo que estas acciones se repiten en el caso de todos los expresidentes recluidos en Barbadillo y advirtió que, en un Estado de Derecho, no se puede restringir el derecho a la intimidad ni a la dignidad humana, más aún cuando ninguno de los internos cuenta con una sentencia firme.
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Asimismo, recordó que el artículo 69 del Reglamento del Código de Ejecución Penal establece la obligatoriedad de la presencia del Ministerio Público en registros o revisiones súbitas o extraordinarias, lo que —según señaló— evidenciaría una inconducta funcional del funcionario denunciado y reforzaría la tesis de que las requisas tuvieron una finalidad distinta a la estrictamente penitenciaria.
“La violación a la intimidad y el abuso de autoridad son patentes. Se llegará hasta las últimas consecuencias”, afirmó el abogado, al cuestionar lo que calificó como una “cortina de humo” en medio de la crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el país.
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