Alianza para el Progreso y sus sentenciados: 20% de candidatos llega a elecciones con antecedentes penales

Una investigación del programa Cuarto Poder expuso una de las radiografías más críticas del actual escenario electoral: el 20 % de los candidatos de Alianza Para el Progreso (APP) cuenta con sentencias judiciales firmes. En total, 53 postulantes del partido que lidera César Acuña llegan a la contienda electoral con antecedentes penales por diversos delitos.

Del total de sentenciados, 32 aspiran a la Cámara de Diputados, 20 al Senado y uno al Parlamento Andino. Las condenas incluyen corrupción de funcionarios, homicidio culposo, lesiones graves, omisión a la asistencia familiar y violencia familiar, según el reportaje periodístico.

Homicidio culposo y antecedentes por violencia familiar

Uno de los casos más sensibles es el de Yonel Condezo Valderrama, conocido como el “médico del pueblo”, quien postula como diputado por Lima. Condezo registra una sentencia por homicidio culposo en 1995, con una pena de dos años suspendida.

Su historial judicial no termina allí. En su hoja de vida figuran una orden de alimentos en 2007, una demanda fundada por violencia familiar en 2008, que derivó en tratamiento psicológico obligatorio, y un aumento de pensión en 2014.

También genera fuerte controversia la candidatura de Guisela Ayvar Gutiérrez, postulante por Ayacucho. Ayvar fue condenada por lesiones graves tras agredir físicamente a su suegra de 75 años, a quien le cercenó parte de un dedo. La candidata se acogió a la terminación anticipada y reconoció su responsabilidad. Aunque fue rehabilitada judicialmente hace apenas un mes, su postulación ha despertado cuestionamientos en la región.

Falsedad documental y presuntos actos de corrupción

El informe de Cuarto Poder también advierte sobre postulantes con antecedentes vinculados a irregularidades administrativas y presuntos actos de corrupción. Es el caso de Edgar León Ordóñez, candidato a diputado y magíster por la universidad de César Acuña.

León fue inhabilitado en tres ocasiones por el Tribunal de Contrataciones del Estado —en noviembre de 2024 y octubre de 2025— tras presentar documentación falsa para acceder a órdenes de servicio. Además, exfuncionarios de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) lo señalaron como presunto operador para el cobro de coimas mensuales, hechos que aún se encuentran bajo investigación.

Negligencia médica y nepotismo en las listas

La lista de APP incluye también a Luis Orihuela Lazo, candidato por Junín, quien fue sentenciado a tres años de prisión suspendida por el delito de exposición al peligro, tras la muerte de una paciente sometida a una intervención quirúrgica.

Otro nombre es el de Mariano Baca Anaya, exalcalde y actual postulante, condenado por falsedad genérica luego de ser vacado en 2009 por nepotismo. Según el fallo, Baca habría presionado a subordinados para concretar la contratación de su cuñado en la municipalidad.

El caso ‘mochasueldos’

En el Congreso actual, Magaly Ruíz y Rocío Torres buscan la reelección pese a enfrentar investigaciones fiscales por el presunto recorte de sueldos a trabajadores de sus despachos, práctica conocida como ‘mochasueldos’.

Ambas parlamentarias mantienen procesos abiertos por delitos vinculados a la corrupción de funcionarios, sumándose a la lista de candidaturas que contradicen el discurso de transparencia del partido.

Exministros, deudas con el Estado y cuestionamientos electorales

Entre los postulantes de mayor perfil político figura Juan José Santiváñez, exministro del Interior y de Justicia, quien postula al Senado. Santiváñez registra seis investigaciones fiscales abiertas y es accionista mayoritario de dos empresas que mantienen deudas coactivas con la SUNAT y EsSalud, las cuales superan los 271 mil soles, según registros oficiales.

A ello se suma la candidatura del congresista Alejandro Soto, quien busca simultáneamente la segunda vicepresidencia y una curul en la Cámara de Diputados. Soto registra tres sentencias por difamación y ha sido cuestionado por el presunto uso de trabajadores del Congreso para realizar ataques digitales contra críticos.

De acuerdo con el Jurado Electoral Especial de Trujillo, tanto Soto como Magaly Ruíz habrían infringido el principio de neutralidad electoral al utilizar sus cargos públicos para actividades proselitistas.

Pese a que César Acuña repite en sus mítines que en APP “los corruptos van a la cárcel”, el partido no ha emitido pronunciamientos oficiales sobre la presencia de estos 53 candidatos sentenciados en sus listas.

La legislación electoral vigente permite su participación al encontrarse rehabilitados judicialmente, dejando en manos de los votantes la decisión final sobre la idoneidad de estos perfiles para ocupar cargos de representación nacional.