
La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima investiga a funcionarios de la SBS y directivos empresariales por un presunto esquema de favorecimiento al duopolio del transporte de caudales en Perú conformado por las empresas Prosegur y Hermes.
La propia Fiscalía denominó el caso como “Los Herméticos del Caudal”, en el que se investiga si funcionarios de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) se interesaron indebidamente, en favor de las referidas empresas, en trámites administrativos relacionados al transporte de dinero y valores. Se trataría de una presunta negociación incompatible.
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Según la resolución que autoriza el allanamiento de SBS y otros inmuebles, Hermes y Prosegur habrían creado la Asociación de Seguridad Privada del Perú (Asepri) como una fachada gremial para acercarse a funcionarios de la SBS y de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec). Esto con el objetivo de mantener la exclusividad del mercado de transporte de caudales. Dentro de la asociación habría operado un “comité de transporte de valores” que bloqueaba el ingreso de nuevos competidores.
Las reuniones del comité, sostiene la Fiscalía, se realizaban en sedes distintas al domicilio fiscal de la asociación, como las instalaciones de Hermes, de Prosegur y de la consultora 50+1.
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Uno de los hechos en los que habría intervenido ese comité implica una supuesta obstaculización de un proyecto de ley que amenazaba el negocio del duopolio; el otro, supuestas maniobras para denegar la autorización de un competidor directo, Security S.A.C.
El freno al proyecto de ley del Banco de la Nación
El Proyecto de Ley N.° 9476/2024-CR, presentado en noviembre de 2024, proponía habilitar al Banco de la Nación a trasladar efectivo con resguardo policial o militar en situaciones extraordinarias, lo que amenazaba la exclusividad que Hermes y Prosegur mantienen desde hace más de 35 años.
Según la Fiscalía, Asepri reaccionó y el 6 de enero de 2025 solicitó una reunión urgente a la SBS. Antes incluso de que la asociación confirmara oficialmente la lista de asistentes, según un correo en poder de la Fiscalía, la funcionaria Giannina Evelyn Garavito Martell ya había coordinado los detalles del encuentro con directivas de Prosegur y Hermes.
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La reunión se realizó el 10 de enero en la sede de la SBS, con la participación de Garavito Martell, el funcionario Diego Zapater Peschiera y directivos del duopolio, entre ellos Eduardo Pío Dancourt Dávila y Alice Mirella Velásquez Castro. Según la imputación, esta última habría instado a los funcionarios a emitir una opinión desfavorable al proyecto.
El resultado llegó veinte días después: la SBS emitió un informe que concluyó la inviabilidad de la iniciativa, con el argumento de una “competencia desleal” hacia las empresas privadas. Esa postura fue ratificada ante el Congreso en un oficio que, el duopolio celebró internamente como un documento que “vale oro” para frenar el proyecto. Pese a la oposición, la Comisión de Economía aprobó la propuesta, pero esta nunca llegó al Pleno del Congreso.
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El bloqueo a la autorización de Security S.A.C.
En paralelo, el comité de Asepri sostuvo, entre julio y septiembre de 2025, una serie de reuniones con un segundo objetivo: impedir que Security S.A.C. obtuviera su autorización como empresa de transporte de caudales (ETCAN).

La Fiscalía menciona como antecedente que en setiembre de 2024, Carlos Augusto Remy Ramis, entonces gerente de Servicios de Seguridad Privada de Sucamec, recibió en su despacho a una directiva de Hermes. Según la Fiscalía, apenas terminado ese encuentro, se ordenó una inspección inopinada en la sede de Security S.A.C. que no respondía a ningún plan regular de supervisión.
Las reuniones posteriores del comité, realizadas en sedes de Hermes, Prosegur y de la consultora 50+1 habrían tenido como objetivo desprestigiar a Security S.A.C ante la opinión pública.
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Así, en julio de 2025, se habría planteado “levantar algo del tema penal” contra Sandro Espinoza Flores, fundador de la referida empresa. En una reunión en agosto, uno de los asistentes habría afirmado que la SBS y Sucamec estaban “alineadas” con los intereses del duopolio. Los directivos también habrían discutido exigir certificaciones internacionales de difícil acceso como barrera de ingreso al mercado.
Security S.A.C. presentó recién en febrero de 2026 su solicitud formal de autorización, que quedó a cargo de Zapater Peschiera y Garavito Martell. Ambos formularon observaciones sucesivas entre febrero y abril de ese año. En agosto se difundió un reportaje televisivo que vinculó a Espinoza Flores con actividades ilícitas, episodio que la Fiscalía relaciona con la campaña de desprestigio discutida meses antes en el comité.
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El desenlace llegó en julio de 2026: la SBS denegó la autorización a Security S.A.C. al considerar que su beneficiario final registraba una condena por delito doloso, un motivo que, según la investigación fiscal, no figuraba en ninguna de las observaciones previas de los funcionarios.
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