César Acuña, candidato de APP, al ser cuestionado por incluir personas con antecedentes en listas al Congreso: “Me acabo de enterar”

La inclusión de catorce candidatos con sentencias penales en la lista electoral de Alianza para el Progreso (APP) generó controversia a pocos meses de las Elecciones Generales de 2026. El líder y candidato presidencial del partido, César Acuña, aseguró que pedirá explicaciones dentro de su organización y reconoció deficiencias en el proceso de selección de postulantes, pese al anuncio de una comisión evaluadora.

Durante una actividad proselitista en el distrito de Jesús María, el fundador del partido mencionó que se había conformado una comisión especial de evaluación de candidatos e invocó a la población elegir a los mejores cuadros. “Tenemos que limpiar la imagen del Congreso y para eso tenemos que tener congresistas probos que tengan la vocación de demostrar al país que hay que respetar la institucionalidad”, mencionó.

En esa línea, al ser reprochado por su doble discurso, al revelarse que distintos candidatos de APP cuentan con antecedentes penales, mencionó que desconocía de la situación. “Yo me acabo de enterar ahorita, tengo que evaluar, que me expliquen por qué han inscrito candidatos que tienen antecedentes”, declaró.

El caso de APP es solo una muestra de un fenómeno mucho más amplio. Según una investigación de Panamericana, más de 250 candidatos al Congreso cuentan con sentencias condenatorias por delitos como corrupción política, hurto agravado, peculado, estafa genérica, violencia familiar y falsedad ideológica.

Entre los partidos con mayor cantidad de postulantes sentenciados se encuentran Podemos (18 candidatos), Fuerza Popular (15), Perú Libre (15) y Alianza para el Progreso (13). Les siguen el Partido Aprista, Partido Democrático Federal y Perú Primero con 12 condenados cada uno, así como Somos Perú, Obras y Frente de la Esperanza con 11. Otros partidos, como Perú Moderno, Progresemos y Juntos por el Perú, presentan 10 candidatos en idéntica situación.

La revisión de antecedentes es especialmente compleja debido al elevado número de postulantes: solo este año, casi diez mil personas integran listas a nivel nacional. Esta magnitud dificulta un control exhaustivo por parte de las organizaciones políticas y los organismos de fiscalización.

Para José Luis Gargurevich, director ejecutivo de Proética, la responsabilidad principal recae en los partidos políticos, a quienes corresponde ofrecer listas depuradas y confiables. “Los partidos son los primeros responsables de ya habernos ofertado un menú que ya tenga una revisión previa, ¿no? Y eso es importantísimo. Y los electores finalmente tenemos otra responsabilidad de volver a mirar”, explicó en conversación con el dominical.

Por su parte, el especialista en derecho electoral José Tello recordó que la fiscalización de antecedentes es tarea del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de los jurados electorales especiales. Sin embargo, reconoció que algunos candidatos con impedimentos logran superar los controles: “Va a haber casos en los cuales se puedan encontrar de que personas con impedimento han postulado y no han sido tachadas”, afirmó Tello.

La legislación electoral vigente permite postular a quienes han cumplido condena por delitos comunes, aunque existen restricciones para ciertos delitos de corrupción. Aun así, el volumen de postulantes y la falta de herramientas de verificación eficientes facilitan que personas con antecedentes integren listas partidarias.