Durante años, el control de visitas y del ingreso a las cárceles ha sido identificado como uno de los puntos más débiles del sistema penitenciario. Por esa vía han ingresado celulares, drogas, armas y dinero, elementos que permiten a las organizaciones criminales seguir operando desde prisión. El Decreto Legislativo N.° 1710 reconoce esta porblemática y plantea un cambio significativo: permitir la participación de empresas privadas en estas tareas de control.
La medida se adopta en un contexto de crisis penitenciaria, marcado por denuncias de corrupción, redes internas y penales que funcionan como centros de mando del crimen organizado. Aunque el decreto no lo señala de manera explícita, la autorización evidencia la desconfianza del Estado en los mecanismos de control que han operado hasta ahora.
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Qué permite exactamente el decreto
La norma autoriza, de manera excepcional y transitoria, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a contratar empresas privadas para el control de visitas y del ingreso y salida de bienes en los establecimientos penitenciarios y centros juveniles. Esta habilitación se mantendrá vigente mientras dure el proceso de fusión por absorción del INPE, el PRONACEJ y el PRONAPRES hacia la nueva Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR).
El decreto precisa que esta autorización no implica una reasignación permanente de competencias ni modifica el marco general del sistema penitenciario. Sin embargo, en la práctica, introduce a actores privados en una función clave vinculada directamente a la seguridad interna de las cárceles.
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La apuesta por un control externo al sistema
La participación de empresas privadas aparece como una respuesta a la incapacidad del sistema para garantizar controles eficaces desde dentro. Las fallas en la supervisión de visitas han sido asociadas, en distintos momentos, a complicidades internas y a la falta de tecnología adecuada para detectar objetos prohibidos.
Al permitir la contratación de terceros, el Ejecutivo apuesta por incorporar controles externos, con personal ajeno a la dinámica penitenciaria y, potencialmente, con mejores herramientas tecnológicas. El objetivo es cerrar una de las principales vías por las que el crimen organizado mantiene su poder dentro de los penales.
No obstante, el decreto no detalla cómo se seleccionarán estas empresas ni bajo qué criterios operarán, lo que deja abiertas interrogantes sobre el alcance real de la medida.
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Vacíos, riesgos y un debate abierto
Uno de los principales cuestionamientos al decreto es la falta de precisiones sobre los mecanismos de supervisión de las empresas privadas. La norma no establece estándares mínimos, protocolos de fiscalización ni responsabilidades claras en caso de fallas o irregularidades en el control de visitas.
Tampoco se define si esta medida será estrictamente temporal o si podría extenderse más allá del proceso de transición hacia la SUNIR. En un sistema históricamente golpeado por la corrupción, la incorporación de actores privados sin reglas claras plantea nuevos riesgos.
La incorporación de empresas privadas en los establecimientos penitenciarios no es una medida nueva. En el pasado se han planteado diversas iniciativas orientadas a privatizar estos centros, lo que refleja la profundidad de la crisis penitenciaria que atraviesa el país.
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