Los delitos que habría cometido José Jerí: Fiscalía analiza sumar nuevas acusaciones por reuniones secretas

El panorama legal para el presidente interino José Jerí podría complicarse aún más. Lo que inició como el ahora llamado “Chifagate”, debido a las reuniones nocturnas con el empresario chino Zhihua Yang, ha escalado a una indagación preliminar que podría expandir su catálogo de delitos. Según especialistas, el Ministerio Público no solo evaluaría los cargos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, sino que podría encontrar indicios para sumar otros delitos como cohecho.

En una entrevista para Exitosa Noticias, el abogado penalista Andy Carrión señaló que las recientes declaraciones del primer ministro, Ernesto Álvarez, habrían comprometido seriamente al mandatario.

El premier admitió que en las reuniones se discutió la organización de un evento por el “Día de la Amistad Peruano-China”, el cual sería financiado por el propio empresario Yang. Para Carrión, esto configura una “promesa” de contraprestación.

“El delito de cohecho se configura con la sola promesa, sin haber recibido algo. El premier ha admitido que iba a haber una eventual contraprestación, (...) esto compromete seriamente (al presidente) como para incrementar un delito más”, explicó.

Un empresario con arresto domiciliario en Palacio

La controversia en torno al entorno del presidente interino se agravó con las revelaciones del dominical Cuarto Poder, que dieron cuenta de al menos tres ingresos a Palacio de Gobierno por parte de Ji Wu Xiaodong. Este ciudadano enfrenta actualmente una orden de arresto domiciliario por sus presuntos vínculos con una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de madera.

Este hecho ha puesto en duda los protocolos de seguridad de la sede del Ejecutivo. En diálogo con Canal N, el abogado penalista Luis Lamas sostuvo que no es “creíble” que estos encuentros sean fortuitos, pues para acceder al mandatario existe una rigurosa información previa y protocolos que no permiten que alguien simplemente “se anime a llevar a un amigo”. Según el jurista, el presidente “se entera de manera previa para qué lo van a visitar” y es él quien decide si existe una “mínima razón justificable” para recibir a personas con intereses mercantiles.

El abogado Carlos Alvizuri añadió en Exitosa que estas visitas, sumadas a la sospechosa reapertura de negocios clausurados vinculados a este entorno, refuerzan los “indicios y sospechas de actos que el Ministerio Público debe recabar”. La situación sugiere que la figura presidencial podría haber sido utilizada para resolver problemas administrativos de terceros, lo que configuraría un escenario penal sumamente complejo.

Contradicciones y falta de transparencia

La estrategia de defensa del Ejecutivo ha sido duramente criticada debido a la falta de coherencia en sus descargos. Lamas sostuvo que las múltiples versiones dadas por Jerí, desde supuestas “coordinaciones protocolares” hasta un repentino “gusto por los dulces chinos”, solo complican su situación penal. Para el jurista, estas explicaciones “son mentiras” que buscan “engañar a la opinión pública para tratar de suavizar estos acontecimientos”.

Lamas señaló que el mandatario ha entrado en un “círculo vicioso de contradicciones” que incluso han sido alimentadas por su propio primer ministro “No va a tener manera de poder justificar esas contradicciones... ¿Qué hace un mandatario en un chifa privado con unos empresarios en la que se encapuchan para no ser identificados?”, cuestionó el especialista en la entrevista.

El perfil de Zhihua Yang como contratista del Estado, que ya cuenta con concesiones millonarias como la hidroeléctrica en Abancay, anularía cualquier narrativa de una “reunión amical”. Para el penalista, si bien estos hechos “no son pruebas directas”, dentro de la lógica jurídica probatoria configuran un “universo de indicios”. Según explicó, estos acontecimientos “hacen inferir que evidentemente había intereses que no pueden estar considerados dentro de los parámetros normales que exigen las normas y las leyes”.

El camino judicial para el presidente

A pesar de que José Jerí ha enviado un oficio al fiscal de la nación, Tomás Aladino Gálvez, poniéndose a disposición de las investigaciones, el proceso enfrenta barreras constitucionales. Carlos Alvizuri recordó que el Tribunal Constitucional ya ha delimitado que un presidente en funciones solo puede ser investigado de forma completa al culminar su mandato.

Sin embargo, dado el carácter interino del actual gobierno y la cercanía de los comicios, la fiscalía avanza en la recolección de pruebas. Según Lamas Puccio, aunque la práctica judicial no tenga un resultado inmediato por la necesidad de un antejuicio en el Congreso, desde el punto de vista político la situación es una “catástrofe para el señor Jerí respecto a las expectativas que se habían generado” sobre su imagen como una “renovación” tras el mandato y vacancia de Dina Boluarte.