Ex gobernador del Callao se defiende desde un baño en la clandestinidad: “Se están ensañando contra mí”

Ciro Castillo Rojo, exgobernador regional del Callao, es acusado de liderar una presunta organización criminal que habría direccionado contratos públicos por más de S/ 1,5 millones y desde la clandestinidad, luego del megaoperativo policial que ordenó su búsqueda y la de otros implicados en el caso "Los Socios del Callao", afirma que está “defendiendo su vida”.

“Esto no es más que un montaje político”, afirmó Castillo en conversación con Día D. Esto debido a que la Fiscalía sostiene que encabezó una red dedicada al direccionamiento de contrataciones estatales. Aun así, el exgobernador defendió su inocencia y afirmó ser objeto de persecución.

“Me suena como una ofensa, me suena como un acoso, me parece hasta surrealista y esto me lleva más a una concertación de tipo político”, declaró Castillo Rojo e insistió en que las acusaciones en su contra carecen de sustento. Además, atribuyó su situación a rivalidades dentro de la administración regional y acusó que “se lo están repartiendo ahora como una presa”, afirmó.

El exgobernador argumentó que su salud, afectada por diabetes e hipertensión desde hace décadas, justifica su ausencia durante los recientes allanamientos liderados por agentes de la Policía y de la Fiscalía. “Diabetes, insulino-dependiente, hipertensión arterial y todo lo que corresponde a un diabético crónico. Además de treinta años de enfermedad”, manifestó Castillo, que también advirtió que, en caso de tener que enfrentar el proceso en su contra desde prisión, esta situación le impediría acceder a los insumos necesarios para su tratamiento.

Consultado sobre la dignidad de su situación, respondió: “Lo que me parece indigno es que se hayan ensañado contra mí y me digan que soy un delincuente jefe cabecilla de una banda delincuencial”.

La versión de la Fiscalía

La Fiscalía sostiene que, bajo la gestión de Castillo Rojo, más de 60 contratos de menor cuantía habrían sido direccionados irregularmente, a través de la jefa de logística Hiromi Zuñiga Jauri y el asesor Jimmy Alexander Woo Cárdenas y habrían generado un perjuicio de aproximadamente S/ 1.5 millones. Frente a estas acusaciones, Castillo Rojo aseguró que al señor Woo solo lo conocía “mucho menos que a otras personas” y que “era un asesor pagado por el MEPT y supervisado por SERVIR”.

Su abogado, Humberto Abanto, indicó que al exgobernador Castillo no se le puede atribuir responsabilidad, pues la aprobación del contrato dependía de la supervisión de SERVIR y era un tema ajeno al gobernador regional.

Interrogado sobre posibles vínculos de amistad o financieros entre el gobernador y los beneficiarios de los contratos, Castillo Rojo negó cualquier nexo. Según la acusación fiscal, Woo y la jefa de logística habrían sumado a otros funcionarios del Gobierno Regional del Callao para favorecer a allegados, creando un sistema orientado a evadir la ley.

Sobre la supuesta “caja chica” en manos de Woo, el exgobernador reiteró su desconocimiento. “Bueno, se dice que mi cajero, porque simplemente se dice, no demuestran de qué manera mi cajero”.

El abogado Abanto cuestionó que se responsabilice al líder regional por el manejo de la totalidad de los recursos: “Es una entidad que tiene 1.500 millones de soles de presupuesto. ¿Acusar al presidente de responsable del manejo de un millón y medio de soles?”.

Castillo Rojo manifestó su disposición a colaborar con la justicia. “Estoy absolutamente dispuesto a que se me investigue hasta las últimas consecuencias, pero que no se me utilice ni en el poder judicial ni en la fiscalía para llenar los apetitos personales de gente que desde el principio me quiso atacar”, afirmó.

“Los Socios del Callao”

En diciembre del 2025, agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional ejecutaron un megaoperativo en el Callao que incluyó allanamientos simultáneos en 27 inmuebles relacionados con funcionarios, exfuncionarios y proveedores del Gobierno Regional del Callao. Durante la intervención se detuvo a siete personas, entre ellas a Jimmy Alexander Woo Cárdenas y Hiromi Zuñiga Jauri, señalados como coordinadores de procedimientos que favorecían a empresas preseleccionadas.

Según la Fiscalía, mediante el fraccionamiento de contratos públicos, mecanismo que permitía adjudicar servicios por montos que evitaban licitaciones obligatorias, los implicados movilizaron fondos estatales de forma continua durante 2023 y los primeros meses de 2024, generando un perjuicio patrimonial superior a S/ 1.5 millones.

Durante el operativo, equipos del Grupo GRECO y agentes de investigación criminal ingresaron a la residencia de Castillo Rojo en La Punta, sin ubicarlo. Su ausencia fue confirmada en todos los puntos intervenidos, por lo que permanece prófugo, con alertas en fronteras y bajo un proceso judicial intensificado.

El expediente fiscal identifica a Ciro Castillo Rojo como presunto líder de la organización, responsable directo del fraccionamiento de contratos y de beneficiar de modo sistemático a determinados proveedores mediante la manipulación de procesos de licitación. Según la acusación, bajo su gestión, el aparato regional fue alterado para facilitar adjudicaciones directas, con la colaboración de ciertos empleados de su entorno.