“Agarrar la mitad”

En contextos de alta incertidumbre, una recomendación financiera básica para cualquier familia es contar con un fondo de emergencia. No para gastar, invertir o “dinamizar” el consumo, sino para protegerse frente a eventualidades: pérdida de empleo, problemas de salud, caídas abruptas de ingresos o crisis económicas. Ese colchón no se toca salvo cuando el escenario lo exige. Usarlo para gasto corriente suele ser el primer paso hacia el desorden financiero.

Lo mismo ocurre a nivel macroeconómico. Las Reservas Internacionales Netas (RIN) cumplen exactamente esa función: son el fondo de emergencia del país. Por ello, llaman la atención las declaraciones del candidato Alfonso López Chau, quien ha sugerido su uso para financiar programas de impulso económico. Tales afirmaciones revelan —como mínimo— un preocupante desconocimiento de nociones elementales de política macroeconómica. Las RIN no son una “caja disponible” ni un ahorro ocioso del Estado; son un seguro frente a choques externos, crisis financieras, salidas de capitales o episodios de fuerte volatilidad cambiaria.

Que el Perú bordeé hoy los USD 90.000 millones en reservas no habilita, ni técnica ni institucionalmente, a “agarrar la mitad” para financiar gasto. Pensar lo contrario implica desconocer la función del Banco Central de Reserva del Perú, su autonomía constitucional y las reglas que han permitido preservar la estabilidad monetaria por décadas. O, peor aún, sugiere la tentación de someter una de las instituciones más sólidas del país a intereses políticos de corto plazo.

El momento en el que se plantean este tipo de ideas no es menor. A nivel local, si bien hogares y empresas han aprendido a convivir con la inestabilidad política, el riesgo de que a partir del 28 de julio de 2026 llegue al poder un gobierno contrario a las libertades económicas sigue latente. Un Ejecutivo que promueva un mayor rol empresarial del Estado, debilite la institucionalidad económica o interfiera en organismos autónomos podría generar impactos significativos sobre la inversión, el empleo y los ingresos.

En el plano internacional, el contexto tampoco ayuda. La creciente tensión geopolítica, sumada al interés de Estados Unidos por recuperar hegemonía económica en América Latina, podría generar fricciones en países con fuertes vínculos comerciales y de inversión con China, como el Perú. Si bien los impactos directos serían acotados, los riesgos externos van en aumento. En ese escenario, contar con reservas robustas no es un lujo: es una necesidad.

Este tipo de planteamientos recuerda peligrosamente a un Pedro Castillo en campaña, cuando hablaba de destinar hasta el 10% del PBI a educación y salud, como si el PBI fuese ingreso disponible del Estado. Confundía producción con recaudación, crecimiento con presupuesto, y repetía conceptos —monopolios, concentraciones— sin comprender su significado. Aun así, obtuvo respaldo electoral, más por animadversión hacia su rival que por la solidez de sus propuestas.

Lo más preocupante es que hoy discursos similares vuelven a calar, especialmente entre jóvenes universitarios. El deseo de cambio no puede justificar poner en riesgo la estabilidad macroeconómica.

Conviene recordarlo: nunca ha sido un problema de recursos, sino de ineficiencia en su ejecución. Miles de millones de soles permanecen sin utilizar año tras año en gobiernos regionales y municipalidades, recursos que podrían haber cerrado brechas en salud, educación o saneamiento. Antes de mirar las RIN, el foco debería estar en una reforma seria de la descentralización fallida y en mejorar la capacidad de gasto público.

No hacerlo abre la puerta a propuestas populistas, técnicamente inviables y fiscalmente peligrosas. La ignorancia económica, cuando se disfraza de política pública, siempre termina pasando factura.