Muerte civil para vehículos informales, reunión con los tres poderes y reglamentación de Ley 32490: las demandas de los transportistas a José Jerí

José Jerí llegó este miércoles 14 de enero al distrito del Rímac para reunirse con los principales gremios de transporte urbano, en medio de una paralización en Lima y Callao. La jornada, marcada por la reducción drástica de servicios y el incremento de pasajes informales, expuso la presión que enfrentan tanto conductores como usuarios ante la inseguridad y la ausencia de avances normativos.

Desde primeras horas, la medida que detuvo a más de 22.000 unidades dejó a miles de pasajeros en largas filas y obligó a muchos a buscar alternativas. Mientras tanto, los gremios insistieron en que la protesta continuará hasta obtener respuestas concretas a sus exigencias.

En la carpa instalada para el diálogo, los dirigentes del sector reclamaron la participación inmediata de los tres poderes del Estado para enfrentar el problema, señalando que la crisis no puede resolverse solo desde el Ejecutivo. “No es únicamente un tema del Ejecutivo, sino también del Legislativo y del Poder Judicial. Muchos responsables de los últimos atentados han sido liberados por el Ministerio Público y el Poder Judicial”, afirmó Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos.

Además, demandaron la reglamentación inmediata de la Ley 32490, respaldada por los gremios para combatir la inseguridad en el sector. “Necesitamos su reglamentación inmediata. Es urgente para desactivar la olla de presión que existe”, insistió Ojeda ante el presidente Jerí.

Por su parte, Héctor Vargas, presidente de la coordinadora de empresas de transporte urbano, recordó que el proyecto fue promulgado en noviembre, pero no ha tenido avances reales. “Hace dos meses que no se ha reglamentado absolutamente nada. Pedimos voluntad política y liderazgo”, explicó. También señaló la necesidad de implementar una unidad de élite para la investigación, reforzar el control penitenciario y mantener el estado de emergencia, con el ejército apoyando la labor policial. Subrayó que, sin coordinación efectiva entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, la lucha contra la extorsión y los asesinatos no tendrá impacto.

Otro de los puntos críticos expuestos fue la falta de equipamiento de la Policía. “No podemos combatir el crimen si la Policía no cuenta con personal, vehículos ni equipos de interceptación”, señaló Martín O’Diana. El dirigente destacó la labor del Grupo Greco y pidió ampliar y dotar de recursos a este tipo de unidades especializadas.

A todo ello, la muerte civil para vehículos informales fue presentada como una medida clave. “El retiro de placas en el campo facilitaría la lucha contra la informalidad. Actualmente, los operativos se suspenden por falta de depósitos y grúas. Retirar placas en el acto permite sacar hasta doscientas unidades en un día”, sostuvo un representante del sector, subrayando que los vehículos informales circulan sin seguros, sin licencia y en condiciones peligrosas para los pasajeros. Los transportistas consideran que esta medida no solo es esencial para frenar la competencia desleal, sino para mejorar la seguridad.

La crisis también afecta a las propias empresas formales, que denuncian la quiebra de operaciones y la pérdida de personal por miedo a la delincuencia. “Las empresas de transporte están quebradas. Antes era la Municipalidad de Lima, el ATU, y ahora la delincuencia”, lamentó otro dirigente.