
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, acusó directamente a la titular del Poder Judicial, Janet Tello, de incitar a “jueces politizados y prevaricadores a cometer un delito”. Esta acusación, publicada en una columna de opinión en un diario, criticó el respaldo de Tello al uso del control difuso por parte de magistrados que inaplican normas como la ley de lesa humanidad en procesos judiciales vinculados a crímenes cometidos por miembros del Ejército y de la Policía Nacional.
Según Rospigliosi, la ley de lesa humanidad se ha empleado “de manera inconstitucional y abusiva por la mafia caviar enquistada en el sistema judicial, para perseguir y sancionar ilegalmente a militares y policías que derrotaron al terrorismo”.
El congresista hizo especial mención al caso Cayara, cuya audiencia se realizará hoy, 12 de enero. Indicó que involucra al coronel en retiro Alejandro Avendaño y a otros militares procesados por hechos de 1988 en Ayacucho, acusados como delitos de lesa humanidad. Rospigliosi sostuvo que “no pueden ser procesados por hechos ocurridos hace 38 años aduciéndose, falsamente, el delito de lesa humanidad”.

La columna también señaló a los jueces Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata, integrantes de la 3ª Sala Penal, a quienes describió como magistrados con “pésimos antecedentes”. Rospigliosi advirtió que, si estos jueces no acatan la ley, “deberán ser denunciados de inmediato ante la Junta Nacional de Justicia, la OCMA y penalmente, porque están cometiendo un delito”.
El presidente del Congreso también propuso una “transformación radical” y que se debe “barrer” el sistema de justicia peruano en un modelo similar a la gestión del presidente Nayib Bukele en El Salvador. “Hay que barrerlo, como hizo Nayib Bukele en El Salvador, expulsando a un tercio (o más) de magistrados. No hay otra manera de derrotar a la delincuencia y a los herederos del terrorismo”, afirmó.
¿Qué dijo Janet Tello sobre el control difuso?
Días antes, durante la ceremonia de inicio del Año Judicial 2026, Janet Tello Gilardi, presidenta del Poder Judicial, se refirió directamente a las críticas que surgieron desde sectores políticos, en especial del Congreso, que acusan a los jueces de actuar arbitrariamente o de incurrir en “prevaricato” al ejercer el control difuso.
Durante su intervención, no solo rechazó estos calificativos, sino que recordó que la facultad de los jueces para inaplicar leyes inconstitucionales está consagrada en el artículo 138 de la Constitución y fue ratificada desde 1979.
“En resguardo de la independencia judicial, también debo hacer frente a los injustos calificativos que desde el poder político continúan recibiendo los jueces que inaplicaron las leyes que consideraron inconstitucionales. Es decir, que cumplieron con el deber de hacer el control difuso. [...] afirmar que tales decisiones constituyen prevaricato, delito o injerencia política, carece de sustento jurídico e histórico y subestima el rol esencial de la magistratura en salvaguarda de la supremacía constitucional y convencional”, mencionó la titular del Poder Judicial.
Durante la ceremonia realizada en el Palacio de Justicia, el presidente José Jerí reafirmó el compromiso de su gobierno con el respeto a la separación e independencia de poderes. “Entendemos con claridad que la autonomía del Poder Judicial es indispensable para asegurar una justicia imparcial, sin influencias externas y lista para proteger los derechos de los ciudadanos”, afirmó el mandatario.
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