Presidenta del PJ se enfrenta a Dina Boluarte y José Jerí por retiro de la Corte IDH: “Venezuela lo hizo”

La presidenta del Poder Judicial, la jueza suprema Janet Tello, enfrentó a la presidenta Dina Boluarte y al presidente del Congreso, José Jerí, por cuestionar la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y deslizar un eventual retiro de Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

Durante su discurso por el Día del Juez y la Jueza, Tello dijo que no se puede “entender como injerencia a la soberanía peruana los mandatos de los tribunales de derechos humanos creados por tratados internacionales” que el Perú ha suscrito.

“Por ello, sí nos resulta preocupante escuchar posiciones de las más altas autoridades de nuestro país respecto al retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual va en contra de una línea histórica que el Perú siempre asumió como promotor constante del derecho internacional, la seguridad colectiva y los derechos humanos en la región y en el mundo”, enfatizó la presidenta del Poder Judicial.

En la ceremonia estaba presente la mandataria Dina Boluarte, quien justamente calificó como “injerencia” la orden del tribunal supranacional para que se suspenda el trámite de la ley de amnistía, y el presidente del Congreso, José Jerí, quien deslizo un apoyo a la salida de Perú del SIDH.

“Formamos parte del Sistema Interamericano de Justicia desde que ratificamos la Convención Americana en el año 1978. Dicho sea de paso, este sistema de protección de derechos humanos solo se acciona cuando cualquier persona considera que no ha encontrado justicia para la protección de sus derechos en el ámbito nacional. Por lo tanto, es supletoria a la jurisdicción nacional y solo en ese caso”, dijo Janet Tello.

Finalmente, la presidenta del Poder Judicial mencionó como dato que solo dos países se han retirado de la Corte IDH: Trinidad y Tobago en 1998 y Venezuela en 2012 bajo la dictadura chavista.

Doble rasero sobre la Corte IDH

“No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana”, proclamó Dina Boluarte ante los nuevos egresados de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú. Con estas palabras, la presidenta marcó una línea de desacato frente al reciente pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que cuestionó la Ley de Amnistía para militares y policías.

La mandataria subrayó que el Perú es “libre e independiente, con autonomía soberana”, y advirtió que no aceptará que el organismo supranacional suspenda un proyecto de ley que, según su visión, busca justicia para quienes combatieron el terrorismo.La contundencia de este rechazo contrasta con la postura que la propia Boluarte adoptó en 2022, cuando, en calidad de vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, recurrió activamente al sistema interamericano.

En ese momento, enfrentaba una denuncia constitucional en el Congreso de la República vinculada al caso “Club Apurímac”, que amenazaba con inhabilitarla políticamente durante diez años. Su defensa, encabezada por el abogado Alberto Otárola, presentó una denuncia y una solicitud de medidas cautelares ante la Corte IDH, argumentando que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no le garantizaba el debido proceso en la investigación sobre su supuesta gestión paralela para el Club Departamental Apurímac, en presunta contravención del artículo 126 de la Constitución.

En ese contexto, Boluarte consideraba a la Corte como una instancia de “jurisdicción independiente” y solicitaba su intervención para evitar que el Congreso determinara su inhabilitación sin las garantías procesales adecuadas. El entorno legal de la entonces vicepresidenta insistió ante la Corte en la presunta vulneración de derechos fundamentales, como la defensa, el debido proceso legal y la legalidad. El objetivo era claro: suspender el procedimiento parlamentario hasta que se revisaran estas garantías. Otárola llegó a sostener que la Corte IDH debía asegurar la estabilidad democrática y el respeto al voto ciudadano, defendiendo que sus decisiones eran vinculantes y que el Congreso debía acatar los estándares internacionales.