El Gobierno publicó el Decreto Supremo N° 001-2026-MIDAGRI, que extiende por dos años el plazo para acogerse al procedimiento de formalización del uso del agua regulado en el Decreto Supremo N° 001-2024-MIDAGRI.
Con esta medida, los usuarios que emplean agua de manera pública, pacífica y continua antes del 31 de diciembre de 2014, podrán solicitar licencias hasta el 10 de enero de 2028, ampliando el periodo originalmente previsto, cuyo vencimiento era el 10 de enero de 2026.
MIDAGRI amplía plazo para formalización del uso del agua hasta 2028
El procedimiento de formalización, implementado desde enero de 2024, facilita el acceso a licencias de uso de agua tanto para fines agrarios como domésticos, industriales, turísticos y otros, abarcando recursos hídricos superficiales y subterráneos.
La iniciativa busca regularizar a quienes, pese a usar agua de manera constante y sin conflictos, no contaban con derechos formales, permitiéndoles así evitar sanciones y acceder a beneficios oficiales.
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) sustentaron la prórroga en el bajo nivel de formalización alcanzado hasta la fecha. Según datos oficiales, al primer semestre de 2025 solo el 63,62% de las hectáreas bajo riego figuraba como formalizado.
En el caso de los centros poblados, apenas el 17,70% contaba con derechos formalizados para el uso del agua, y aún se identifican miles de pozos sin permisos vigentes, la mayoría asociados a la actividad agraria.
La formalización del uso de agua será masiva y gratuita tras la prórroga oficial
La extensión del plazo responde a la necesidad de garantizar la continuidad de actividades productivas, agrícolas y poblacionales que dependen del recurso hídrico, así como de brindar seguridad jurídica a los usuarios y permitir una mejor gestión en la planificación y distribución del agua a nivel nacional.
El decreto señala que, de no ampliarse el plazo, se pondría en riesgo la regularización de numerosos usuarios que todavía no han completado el procedimiento por diversas dificultades técnicas y administrativas.
La norma también dispone medidas para adecuar las licencias de uso de agua subterránea conforme al Decreto Legislativo N° 1185, que regula el monitoreo y gestión especial de aguas subterráneas a cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento.
La ANA deberá emitir normas adicionales para asegurar la correcta transición y adecuación de estos derechos, fortaleciendo la gestión integral de los recursos hídricos.
La ANA deberá emitir normas complementarias para transición ordenada en la gestión del agua
El procedimiento de formalización mantiene su carácter masivo y gratuito, facilitando la inclusión de productores agrarios, usuarios domésticos, pequeños industriales y otros sectores.
El objetivo es que todos los usuarios históricos que cumplan con los requisitos puedan obtener una licencia formal, accediendo a los beneficios de la ley y evitando sanciones futuras.
El documento lleva la firma del presidente José Enrique Jerí Oré y del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Germán Cuno Salcedo.
La prórroga representa una oportunidad para que miles de usuarios regularicen su situación, contribuyendo a una gestión más eficiente, transparente y sostenible del recurso hídrico en el país.
SEDAPAL subirá sus tarifas de agua en Lima y Callao
Recientemente, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) confirmó que, a partir de enero de 2026, las tarifas de agua potable y alcantarillado en Lima y Callao subirán.
El aumento se implementa en cumplimiento del Decreto Legislativo n.°1620, emitido en diciembre de 2023, y busca asegurar la sostenibilidad financiera de empresas como SEDAPAL.
Para usuarios residenciales, el alza será de 12%, equivalente a S/7,70 más para quienes consumen 16 metros cúbicos mensuales, mientras que los sectores comercial e industrial enfrentarán un incremento del 20%. El impacto se notará en los recibos desde febrero y la medida también afectará a otras regiones, aunque con variaciones menores en el monto.
Organizaciones como la Asociación de Consumidores Elegir Perú han solicitado mayor transparencia sobre el destino de los fondos adicionales y han expresado dudas sobre si el ajuste se reflejará en mejoras reales del servicio.
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