Francisco Diez Canseco Távara, candidato presidencial de Perú Acción, presentó una de las propuestas más radicales de la actual campaña: la instauración de la pena de muerte para presidentes corruptos. El empresario argumentó que esta medida busca frenar la impunidad en los más altos niveles del poder y enviar un mensaje contundente contra la corrupción que, a su juicio, ha socavado la confianza en las instituciones y obstaculizado el desarrollo del país.
En diálogo con Exitosa, el político expresó su indignación ante la situación de expresidentes peruanos involucrados en escándalos que, además de cometer actos ilícitos, son mantenidos por los ciudadanos a los que afectaron. “Estos sujetos están recluidos en cárceles que parecen hoteles, viviendo de los impuestos de todos los peruanos, mientras mantienen fortunas en el extranjero”, afirmó.
Para el candidato, la única forma de romper el círculo vicioso de corrupción es endurecer las sanciones y aplicar penas ejemplares: “Estamos planteando la pena de muerte para presidentes corruptos. Así, quienes lleguen al poder pensarán dos veces antes de robarle al país“, señaló.
Mencionó que la aplicación de la pena de muerte sería posible si el Perú se retira del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al que considera “copado por intereses ajenos al país y que ha protegido a criminales”. El candidato aseguró que esta iniciativa requeriría una reforma constitucional y sería aplicada solo a futuros casos, como advertencia para quienes pretendan utilizar el cargo para enriquecerse ilícitamente.
No es el primer candidato que propone pena de muerte
La propuesta de pena de muerte para presidentes y altos funcionarios corruptos no es nueva en el escenario político peruano. En los últimos años, diversos actores han impulsado iniciativas similares, reflejando el descontento social ante la corrupción generalizada en las instituciones del Estado.
El líder etnocacerista Antauro Humala defendió públicamente la pena de muerte para expresidentes y funcionarios corruptos, incluso para su propio hermano, el exmandatario Ollanta Humala, condenado por lavado de activos. En una entrevista con CNN en Español, declaró: “En el caso de la alta corrupción, que es el caso de los presidentes peruanos, incluido Ollanta, García, Toledo, PPK, que se cumpla. (...) No me interesa que sea mi hermano, yo me refiero al presidente que ha traicionado a la Nación. Todos han sido ladrones”.
En el Congreso, en noviembre de 2020, el parlamentario José Vega (Unión por el Perú - UPP) propuso restituir la pena de muerte para gobernantes y altos funcionarios hallados culpables de corrupción. Sostuvo que su partido representaba “la verdadera opción del cambio radical” y que la aplicación de esta sanción extrema debía ir de la mano con una nueva Asamblea Constituyente y el retiro del Perú del Pacto de San José. El objetivo, según dijo, era erradicar el “cáncer de la corrupción” y evitar que los recursos públicos sigan siendo saqueados.
En enero de 2025, el congresista Alfredo Pariona (Bancada Socialista) acogió la idea y presentó un proyecto de ley que busca ampliar la pena de muerte a delitos graves, incluyendo la corrupción, la violación de menores, el narcotráfico y la extorsión. El proyecto propone modificar la Constitución para añadir un párrafo al artículo 140, habilitando al Estado a iniciar el proceso de denuncia de los tratados internacionales que impiden la aplicación de la pena capital. Pariona calificó su iniciativa como un “primer paso” para que el país pueda modificar el Código Penal y aplicar la máxima sanción en casos de delitos especialmente graves.
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