Qué es el Pacto de San José y qué dice sobre la pena de muerte en Perú

El caso de la niña Damaris en Chiclayo ha causado que la población vuelva a debatir sobre la pena de muerte como máximo castigo en el Perú ante determinados delitos.

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¿Por qué Perú no puede aplicar la pena de muerte? Conoce la razón que impide hacer esta práctica.
¿Por qué Perú no puede aplicar la pena de muerte? Conoce la razón que impide hacer esta práctica.

La violencia que está viviendo nuestro país sigue dejando secuelas en la sociedad. En los últimos días, la población ha quedado perturbada luego de que se diera a conocer el caso de secuestro y violación a una niña de 3 años en Chiclayo. Este hecho reprochable por los peruanos generó que se organicen movilizaciones para exigir justicia por el caso de la niña Damaris. En medio de las investigaciones y las primeras acciones de las autoridades contra Juan Antonio Enríquez García, abusador confeso, se ha despertado el debate sobre la pena de muerte, práctica que no es aceptada en el Perú, pero, ¿por qué?

El contexto de la situación actual del Perú está relacionado a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José. Esta es una medida que busca proteger y defender los derechos de las personas, sin distinciones.

¿QUÉ ES EL PACTO DE SAN JOSÉ?

Es un tratado internacional que prevé derechos y libertades que tienen que ser respetados por los Estados Partes. Las naciones que forman parte reconocen los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria.

Los países involucrados, incluido el Perú, se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en la convención, y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. Se precisa que estas acciones deben ser resguardadas y respetadas “sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

Dato importante: este acuerdo fue firmado por la gran mayoría de países latinoamericanos, y el único que no forma parte es Venezuela.

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LA PENA DE MUERTE EN PERÚ

Ya que nuestro país mantiene un vínculo oficial que valora el Pacto de San José, el Estado debe respetar los artículos que conforman este documento oficial que se registró por primera vez en el año 1969. Esto es lo que se dice sobre la pena de muerte en el Artículo 4 (Derecho a la vida) y porqué no puede ser aplicable:

¿Por qué Perú no puede aplicar la pena de muerte? Conoce la razón que impide hacer esta práctica.
¿Por qué Perú no puede aplicar la pena de muerte? Conoce la razón que impide hacer esta práctica.

- En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.

- No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido

- En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos.

- No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.

- Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.

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ACCIONES ACTUALES

Para el año 2020, la bancada de Unión Por el Perú presentó un proyecto de ley para que Perú abandone la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Una de las principales intenciones se relacionaron a la aplicación de dicho castigo máximo a “violadores de menores de edad, a feminicidas y a la alta corrupción”. Aunque este fue un pedido oficial, la única persona autorizada para pronunciar el retiro de esta pacto es el presidente, cargo que actualmente cubre Pedro Castillo.

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