El Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció que viene trabajando en el diseño de una nueva propuesta legislativa para la pequeña minería y minería artesanal, denominada preliminarmente Ley MAPE, la cual será presentada antes de que concluya el actual gobierno encabezado por el presidente José Jerí. La información fue brindada por el titular del sector, Luis Bravo, durante una entrevista en RPP.
El anuncio se realizó en el contexto de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026, medida que busca mantener vigente el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal en el país.
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Cronograma anunciado
Según explicó el ministro Bravo, el Minem tiene previsto contar con un borrador de la Ley MAPE durante el primer trimestre, con el objetivo de presentar una versión considerada “presentable” antes del término del actual gobierno. El funcionario precisó que la intención del sector es no trasladar la responsabilidad de esta propuesta al siguiente Ejecutivo.
“Dentro del primer trimestre deberemos tener un borrador y antes de la culminación del gobierno del presidente José Jerí ya deberíamos tener un formato presentable como para poder presentar al Legislativo”, señaló el ministro durante la entrevista radial.
Asimismo, indicó que la propuesta legislativa está orientada a ofrecer un marco definitivo para los más de 30 mil mineros que se encuentran en proceso de formalización, permitiendo su integración a la economía nacional.
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Tecnología y trazabilidad
El ministro Luis Bravo sostuvo que uno de los pilares de la futura Ley MAPE será el uso de tecnología, especialmente a través de mecanismos de trazabilidad, con el objetivo de diferenciar al minero en proceso de formalización del minero ilegal.
“Trazabilidad es una palabra clave que nosotros estamos proponiendo desde el ministerio para poder trabajar y articular todo este mecanismo para luchar intensamente contra la minería ilegal”, afirmó el titular del Minem para el citado medio.
De acuerdo con lo señalado por el Ministro de Energía y Minas, la trazabilidad se aplicará de manera rigurosa al uso de explosivos y a la ubicación georreferenciada de las operaciones mineras, con el fin de evitar que el crimen organizado continúe financiándose mediante esta actividad. La propuesta legislativa, según indicó el ministro, se encuentra actualmente en etapa de elaboración dentro del Minem.
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Niega privatización de Petroperú
El ministro Luis Bravo, afirmó que el Decreto de Urgencia que dispone la reorganización patrimonial y organizacional de Petroperú tiene como finalidad asegurar la continuidad de la cadena productiva de la empresa estatal y evitar un escenario de insolvencia. En declaraciones a RCR, el titular del sector remarcó que esta medida “de ninguna manera significa una privatización o venta” de la petrolera, sino una acción orientada a preservar su operatividad y estabilidad financiera.
Bravo explicó que la reorganización responde a una situación financiera crítica originada por “años de mala gestión y decisiones equivocadas”, que llevaron a Petroperú a una condición límite. En ese contexto, sostuvo que la intervención del Poder Ejecutivo busca ordenar la empresa y rescatarla de una crisis que, de no haberse atendido, habría comprometido seriamente su funcionamiento y sostenibilidad en el corto y mediano plazo.
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El ministro detalló que el proceso contempla la participación de ProInversión, organismo técnico encargado de realizar una evaluación integral de la empresa. Precisó que se trata de un trabajo articulado del Ejecutivo para reorganizar patrimonialmente a Petroperú y permitir que ProInversión determine su mejor estructura financiera y las opciones para acceder a nuevos capitales, sin transferencia de la propiedad. Según indicó, este organismo contará con un plazo de 60 días para presentar su análisis. Además, señaló que se evalúa la implementación de un fideicomiso a través de Cofide como una alternativa para generar los recursos necesarios que garanticen la continuidad operativa de la petrolera estatal.
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