En el Perú operan entre 300 mil y 500 mil mineros informales. Sin embargo, menos del 1 % ha culminado su proceso de formalización (ComexPerú, 2023). Esa brecha revela lo difícil que ha sido convertir la formalización minera en una política con resultados concretos. Por eso, el reciente anuncio del Ministerio de Energía y Minas sobre la creación de un fondo minero para pequeños mineros y minería artesanal merece atención (Reuters, 2025).
El ministro Jorge Montero ha señalado que este fondo ofrecerá financiamiento a tasas preferenciales, canales de comercialización con precios justos y asistencia técnica especializada (Reuters, 2025). Además, se extendió la vigencia de los permisos del REINFO hasta fin de año, buscando que más productores informales se integren al marco legal (Infobae, 2025). La pregunta es inevitable: ¿será esta vez distinto?
Las cifras invitan al escepticismo. En Madre de Dios, de más de 40 mil mineros ilegales e informales, apenas 5 mil trabajan formalmente (Mongabay, 2022). En Cusco, más del 90 % de los inscritos en REINFO opera en terrenos de terceros, lo que complica cualquier proceso de formalización (Inforegion, 2023). La informalidad no es solo un problema técnico: es también legal, social e institucional.
Otros países han dado pasos más claros. En Colombia, guías de formalización con procedimientos concretos dieron previsibilidad al proceso (Responsible Mines, 2017). En Ghana y otros países africanos, los fondos mineros combinaron financiamiento con asistencia técnica y certificaciones ambientales, abriendo puertas a mercados internacionales (IISD, 2017). La clave estuvo en no limitarse al registro, sino en generar condiciones para que los pequeños mineros mejoren sus prácticas y encuentren compradores responsables.
¿Qué debería cambiar en el Perú para que el fondo no se quede en buenas intenciones? Primero, reglas claras y transparentes en la asignación de recursos, evitando que se convierta en un instrumento político. Segundo, asistencia técnica en terreno, que permita a los mineros gestionar mejor sus operaciones y reducir impactos ambientales. Tercero, acceso a mercados formales que reconozcan la producción responsable. Y cuarto, financiamiento estable y articulación intersectorial, porque este no es solo un reto del MINEM: involucra también al MINAM, al MEF, a los gobiernos regionales y a instituciones técnicas. Sobre todo, se requiere el compromiso de empresas tractoras que actúen como aliadas en transferencia tecnológica, compra responsable y encadenamientos productivos.
La formalización no debería medirse por cuántos mineros obtienen un permiso, sino por su capacidad de mejorar la calidad de vida, recuperar ecosistemas y aportar al desarrollo territorial. El fondo minero puede convertirse en un instrumento poderoso, pero solo si pasa de ser un anuncio más a consolidarse como una política con impacto real y sostenible.
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