El futuro judicial del expresidente Pedro Castillo, la expremier Betssy Chávez, quien se mantiene asilada en la embajada de México en Lima, y otros altos exfuncionarios condenados vuelve a quedar en suspenso tras la decisión del Poder Judicial de admitir a trámite los recursos de apelación presentados por sus defensas.
Los condenados buscan la anulación de las sentencias que los responsabilizan penalmente por el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, un episodio que marcó un punto de quiebre en la política peruana.
¿Qué argumentaron los condenados por el fallido golpe de Estado?
Mediante una resolución emitida el pasado 29 de diciembre, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema concedió el derecho de apelar la condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión que se le impuso al vacado exmandatario por el presunto delito de conspiración para rebelión. Su defensa argumentó que la conducta imputada carece de los elementos esenciales del tipo penal y que no existen pruebas suficientes sobre la existencia de una conspiración.
Asimismo, planteó de manera alternativa la nulidad del juicio oral. Entre los fundamentos invocados figuran “vicios insubsanables en la motivación” de la sentencia, contradicciones lógicas, vulneración al principio de congruencia y presuntas violaciones al debido proceso, como la falta de juez natural y la omisión de una acusación constitucional.
En tanto, la ex jefa del Gabinete Ministerial argumentó que la sentencia vulnera el principio de motivación de las resoluciones judiciales, así como la presunción de inocencia, el principio de lesividad y el de legalidad penal; mientras que el exministro del Interior, Willy Huerta, y el exasesor presidencial, Aníbal Torres, alegaron falta de pruebas y vulneraciones al debido proceso.
El proceso no solo involucra a los sentenciados. La Fiscal Suprema Titular, Zoraida Ávalos, interpuso un recurso de apelación para que se anule la sentencia absolutoria del jefe policial Manuel Lozada. La Fiscalía solicita que Lozada sea condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión y a dos años de inhabilitación para ejercer cargo público como presunto coautor del delito de conspiración para rebelión, al considerar que existen elementos suficientes que lo vinculan con los hechos investigados.
¿Qué sigue tras la admisión a trámite de las apelaciones?
Con la admisión a trámite de los recursos, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dispuso remitir todos los expedientes a la Sala Penal Permanente del máximo tribunal. Esta instancia deberá evaluar primero si los recursos son “bien concedidos”. Si así lo considera, programará una audiencia virtual con la participación de todas las partes procesales.
En esa audiencia, tanto las defensas como la Fiscalía podrán exponer sus posiciones y responder a las observaciones del tribunal. La decisión final de la Sala Penal Permanente determinará si las condenas se mantienen o se anulan.
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