El año 2025 en Perú ha estado marcado por la presencia de gobernadores cuestionados y alcaldes procesados. El escenario regional refleja una sucesión de escándalos que se repiten: fugas judiciales, condenas que no se ejecutan y controversias éticas que erosionan la legitimidad de las autoridades y la confianza en el sistema de gobierno subnacional. Figuras como Ciro Castillo, Arturo Fernández Bazán, César Acuña y Ulises Villegas concentran investigaciones penales, sentencias firmes o severos cuestionamientos públicos, configurando un panorama de debilidad institucional.
Ciro Castillo: fuga y acusación por corrupción
La situación del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, se ha convertido en uno de los episodios más escandalosos del año. Castillo eludió una orden de detención preliminar emitida por el Poder Judicial en el marco del caso ‘Los Socios del Callao’, en el que es investigado como presunto líder de una organización criminal dedicada a la manipulación de contrataciones estatales por un monto de S/ 1.461.121,10. El funcionario abandonó de manera clandestina la clínica Stella Maris minutos antes de que la Policía llegara para ejecutar la orden, ocultando su identidad con una mascarilla y desplazándose en silla de ruedas tras solicitar el alta voluntaria.
El operativo policial realizado en su vivienda y en otros 26 inmuebles vinculados al caso solo permitió la detención de cinco personas. Castillo permanece prófugo. El general Luis Lira, jefe de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), explicó que la demora en la ejecución de la orden judicial respondió a fallas en las coordinaciones operativas de la Policía Nacional del Perú y negó la existencia de filtraciones internas, sugiriendo que la información pudo haberse originado en otras instituciones.
Desde la clandestinidad, Castillo sostuvo que las medidas adoptadas “atentan contra [su] reputación e imagen y causan desorden en la administración pública de [su] gestión”. Asimismo, negó conocer los hechos que se le imputan y cuestionó la legitimidad de la investigación en su contra.
Arturo Fernández: condena, fuga y candidatura activa
El caso de Arturo Fernández Bazán, exalcalde provincial de Trujillo, expone otro patrón de evasión judicial y persistencia política pese a sentencias firmes. El 27 de diciembre fue condenado a un año de prisión efectiva por difamación agravada, tras una denuncia presentada por un trabajador municipal. La sentencia dispuso su inmediata captura y el pago de S/ 20.000 como reparación civil.
Este fallo se suma a antecedentes previos. Fernández ha sido condenado en otras ocasiones por el mismo delito y fue vacado de la alcaldía en noviembre de 2024 debido a una sentencia penal firme. A pesar de contar con una orden de captura vigente y estar inhabilitado para ejercer cargos públicos, continúa activo en el escenario político. Desde la clandestinidad, realiza campañas como precandidato presidencial a través de videos y transmisiones en redes sociales, en las que denuncia una supuesta persecución política y cuestiona al sistema judicial.
En una de sus intervenciones, afirmó: “Es un abuso total, ustedes lo han visto. (...) Ya sabemos quién es el nuevo fiscal de la Nación, amigo del señor de César Acuña Peralta”. La permanencia de Fernández en la arena política, pese a una condena vigente y al incumplimiento de la pena, ha generado cuestionamientos sobre la eficacia del Estado para hacer cumplir las resoluciones judiciales.
César Acuña: ausencias reiteradas y controversias familiares
El gobernador regional de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, también ha sido una figura recurrente en las controversias sobre gestión pública. De acuerdo con reportes periodísticos, durante el 2025 acumuló alrededor de 145 días fuera del cargo, lo que equivale a casi el 30 % del tiempo de gestión, debido a licencias, vacaciones y viajes. Estas ausencias coincidieron con episodios críticos de inseguridad ciudadana, investigaciones fiscales y emergencias en la región.
La reiteración de estos permisos ha reforzado la percepción de falta de compromiso con la administración regional y ha alimentado el debate sobre el debilitamiento del liderazgo político en La Libertad. A ello se suman declaraciones públicas del propio Acuña sobre su asistencia a finales de la Champions League o su afición por coleccionar perfumes, comentarios que fueron interpretados como señales de desconexión frente a las prioridades ciudadanas.
En paralelo, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios realizó intervenciones en la sede del Gobierno Regional para recabar documentación sobre adjudicaciones por más de S/ 300 millones. Asimismo, el Poder Judicial dictó una orden de detención contra Óscar Acuña, hermano del gobernador, por presunto cobro de sobornos. El líder de APP calificó esta medida como injusta y la atribuyó a motivaciones políticas, afirmando que “los poderes fácticos saben que voy a ganar”.
La combinación de ausencias prolongadas y escándalos familiares ha generado una sensación de vacío de liderazgo y ha profundizado la percepción de fragilidad institucional en la región. Pese a ello, Acuña renunció a su cargo y ha manifestado su intención de postular a la presidencia de la República.
Ulises Villegas: condena, investigaciones y polémica municipal
El alcalde de Comas, Ulises Villegas, representa otro caso de deterioro institucional. En mayo de 2025, la Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte confirmó su condena a seis años de prisión efectiva por colusión agravada, vinculada a la adjudicación irregular de una obra pública. La sentencia dispuso su captura inmediata, además de su inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una multa. Sin embargo, Villegas permanece prófugo.
De manera paralela, el Jurado Electoral Especial de Lima Norte 2 inició una investigación preliminar por presuntas infracciones a la neutralidad electoral. Se le atribuye el uso de recursos municipales y símbolos de Somos Perú —partido al que pertenece— en actividades oficiales. Testimonios citados por medios de comunicación señalan que trabajadores municipales denunciaron presiones para participar en actos proselitistas bajo amenaza de represalias laborales.
El mismo informe periodístico identifica contratos municipales adjudicados a empresas vinculadas a un presunto integrante de la organización criminal “Los Sanguinarios de la Construcción”, lo que amplía el alcance de las investigaciones. Este escenario mantiene abierto el debate en el Concejo Municipal sobre una eventual vacancia definitiva, aunque Villegas aún conserva respaldo interno.
En su última entrevista, el suspendido alcalde de Comas negó los cargos en su contra y rechazó cualquier insinuación de encubrimiento por parte del gobierno de José Jerí, con quien comparte militancia partidaria.
Impacto social e institucional
El efecto acumulado de estos casos ha provocado un deterioro visible de la confianza ciudadana en las autoridades locales y regionales. La reiteración de funcionarios investigados o condenados que evaden la justicia o desafían resoluciones judiciales alimenta una percepción de impunidad y profundiza el distanciamiento entre la ciudadanía y el poder político.
La analista política Maite Vizcarra sostiene que se ha producido un “vaciamiento del sentido simbólico de lo que implica ser una autoridad formal”. En la misma línea, el antropólogo Alex Huerta Mercado subraya el trasfondo histórico de la distancia entre representantes y representados: en la medida en que se acumulan los escándalos, el descrédito se consolida como un rasgo estructural de la política subnacional en el Perú.
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