¿Está el Perú al borde de otro colapso político en 2026? Informe internacional revela las claves detrás de la crisis

Durante la última década, la inestabilidad política dejó de ser una coyuntura excepcional para convertirse en parte del paisaje cotidiano del Perú. La sucesión acelerada de mandatarios—ocho en apenas diez años— se evidencia en la historia de Dante Grados, artesano que desde hace más de siete décadas borda las bandas presidenciales de los políticos de turno. Ante las cámaras de France 24, admite que mantiene siempre un par listo para ser ajustado en cuestión de horas, “para cualquier eventualidad”.

Este contexto es el punto de partida de un informe especial de France 24, titulado “¿Perú sufrirá otra crisis de gobierno en 2026?“. El reportaje expone cómo la normalización de quiebres políticos, destituciones y gobiernos interinos se traduce en una ciudadanía cada vez más distante de sus representantes, marcada por el hartazgo político, el deterioro institucional y el aumento de problemas estructurales como la inseguridad ciudadana, en la antesala de las elecciones generales de 2026.

Un presidencialismo debilitado y un Congreso con poder decisivo

De acuerdo con el informe, el punto de quiebre se remonta a 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski asumió la Presidencia tras una ajustada victoria electoral, mientras el fujimorismo obtenía una mayoría parlamentaria histórica con 73 de los 130 escaños del Congreso. Este desequilibrio de fuerzas marcó una nueva dinámica política: un Ejecutivo sin respaldo legislativo sólido frente a una oposición altamente organizada y con capacidad para bloquear, censurar y presionar de manera sistemática.

Especialistas citados por France 24 explican que, a diferencia de etapas anteriores, la oposición dejó de buscar acuerdos mínimos y optó por una estrategia de confrontación permanente, utilizando herramientas constitucionales como la interpelación, la censura ministerial y la cuestión de confianza. El caso emblemático fue la censura del entonces ministro de Educación, Jaime Saavedra, a solo cinco meses de iniciado el gobierno de Kuczynski, un episodio que evidenció la fragilidad del Ejecutivo frente al Parlamento.

La crisis se profundizó con el impacto regional del caso Lava Jato, que salpicó tanto a figuras del oficialismo como de la oposición. Según el análisis, las investigaciones por presuntos pagos irregulares y financiamiento ilegal de campañas se convirtieron en un instrumento político, alimentando la confrontación y debilitando aún más la legitimidad de las instituciones. En marzo de 2018, Kuczynski renunció en medio de un segundo proceso de vacancia, alegando un clima de ingobernabilidad que impedía avanzar al país.

Tras su salida, el ascenso de Martín Vizcarra abrió una nueva etapa de choque de poderes. Con una bancada fragmentada, Vizcarra encontró respaldo ciudadano al confrontar al Congreso e impulsar reformas políticas mediante un referéndum en 2018. Sin embargo, el conflicto escaló hasta septiembre de 2019, cuando el Ejecutivo optó por la disolución del Congreso, un hecho que, según los expertos citados por France 24, normalizó el uso de mecanismos extremos como herramienta política y sentó las bases para una guerra abierta entre ambos poderes del Estado.

La vacancia presidencial y el hartazgo ciudadano rumbo al 2026

El informe también detalla cómo la figura de la vacancia por “incapacidad moral permanente”, contemplada en la Constitución, se transformó en un mecanismo recurrente de presión política. Su carácter jurídicamente indeterminado, reconocido incluso por el Tribunal Constitucional, dejó amplio margen al Congreso para interpretar qué conductas justifican la destitución de un presidente, convirtiendo el proceso en una decisión esencialmente política.

En los últimos diez años, tres mandatarios fueron destituidos mediante este procedimiento: Martín Vizcarra en 2020, Pedro Castillo en 2022 y Dina Boluarte en octubre de 2025. En el caso de Castillo, la vacancia se produjo tras su intento de cerrar el Congreso y gobernar por decreto, acción que derivó en su detención y posterior condena por conspiración. Boluarte, en tanto, fue destituida luego de que el Parlamento la responsabilizara por el agravamiento de la inseguridad ciudadana, pese a que había sobrevivido previamente a múltiples mociones de vacancia.

Para los analistas consultados por France 24, este uso reiterado de la vacancia ha dado lugar a un “parlamentarismo forzoso”, donde la supervivencia del presidente depende más de las alianzas congresales que del respaldo popular. La consecuencia directa ha sido un deterioro sostenido de la figura presidencial y una sensación de provisionalidad constante en el poder.

Este contexto ha profundizado el hartazgo ciudadano. Encuestas citadas en el informe revelan que una mayoría significativa de la población siente vergüenza del Congreso, del gobierno y de los partidos políticos, y que más del 60% acudirá a las urnas en 2026 con escepticismo o rechazo. Las protestas recurrentes, los pedidos de adelanto de elecciones y consignas como “que se vayan todos” reflejan una fractura entre la clase política y la sociedad.

El especial de France 24 también muestra cómo la crisis afecta la vida cotidiana y la economía, desde comercios del centro histórico hasta oficios tradicionales vinculados al protocolo presidencial, obligados a adaptarse a cambios abruptos de mando. Mientras el país se prepara para una contienda electoral con 36 candidatos presidenciales y sin liderazgos claramente consolidados, el análisis internacional advierte que los factores que alimentaron la inestabilidad —fragmentación política, intereses informales y confrontación estructural— siguen presentes en la antesala del 2026.