
De los 38 partidos inscritos oficialmente, apenas 29 firmaron el Pacto Ético Electoral impulsado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que define los principios mínimos de respeto y transparencia de cara a las Elecciones 2026. El acto de suscripción se llevó a cabo este jueves 18 de diciembre, con la presencia de candidatos presidenciales y dirigentes de las agrupaciones políticas habilitadas para competir en los próximos comicios generales.
Aunque fueron 33 las agrupaciones que confirmaron su presencia en la ceremonia protocolar, el refrendo al documento no fue unánime. El texto, que fue suscrito por 27 partidos y dos alianzas, establece diez compromisos clave orientados a minimizar la confrontación política y situar al voto informado en el centro del proceso. Entre los puntos destacados aparecen el rechazo a los ataques personales, la promoción de debates propositivos y el combate tajante a la desinformación, que se perfila como uno de los mayores riesgos para la legitimidad de la campaña.
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Asimismo, incorpora lineamientos específicos para el uso responsable de la inteligencia artificial y refuerza el llamado a frenar la propagación de noticias falsas especialmente en redes sociales, plataformas que en procesos previos evidenciaron un alto grado de incidencia en la opinión pública.

¿Quiénes no firmaron el Pacto Ético Electoral?
Renovación Popular, liderada por Rafael López Aliaga, Perú Libre, cuyo principal referente es Vladimir Cerrón, y la Alianza Fuerza y Libertad, asociada a Fiorella Molinelli, figuran entre quienes optaron por no suscribir el pacto, al igual que Partido Demócrata Unido Perú, Partido Frente de la Esperanza, Partido Patriótico del Perú, Ciudadanos por el Perú, Un Cambio Diferente y Fe en el Perú.
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Uno de los episodios más destacados fue el retiro de Rosario Fernández, candidata de Un Cambio Diferente, quien protagonizó un breve discurso que se viralizó. “La ética no se firma, se practica y hoy, con su respeto, no voy a firmar. Con respeto a los partidos nuevos, mil disculpas por su honorabilidad, pero lamentablemente veo partidos que han sido financiados irregularmente”, expresó previo a abandonar el evento.
Dentro del grupo que sí adhirió al acuerdo figuran Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap), APRA, Libertad Popular, Partido Morado y la Alianza Unidad Nacional, entre otras agrupaciones. El listado completo suma 29 firmas entre partidos y alianzas, que ahora se comprometen públicamente a mantener un comportamiento ético a lo largo de la campaña, bajo la supervisión del Tribunal de Honor.
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El presidente del JNE, Roberto Burneo, enfatizó el carácter vinculante del compromiso, subrayando que “la ética no limita la política” y que “una democracia sólida se construye con argumentos y no con insultos”. Mencionó que el contenido del pacto fue acordado tras tres mesas de trabajo con representantes de los partidos y aportes ciudadanos, y no constituye un simple trámite simbólico, sino una señal hacia el electorado sobre la importancia de la conducta ética durante la contienda.
Cabe mencionar que este órgano, dispuesto para velar por el cumplimiento del pacto, no tiene potestad sancionadora, pero sí puede recibir reportes ciudadanos sobre eventuales incumplimientos y emitir pronunciamientos públicos. De acuerdo con el organismo electoral, estos llamados de atención tienen como objetivo influir en la credibilidad de los candidatos, funcionando como un mecanismo de presión moral ante la falta de sanciones legales directas.
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Según el decálogo del compromiso, las agrupaciones deben garantizar el respeto irrestricto a los valores democráticos y la Constitución, evitar agresiones, insultos y amenazas, así como promover la tolerancia y la participación pacífica de afiliados y simpatizantes.
El documento exige, además, la incorporación de propuestas concretas para poblaciones vulnerables, como personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes. En el plano de la transparencia, los partidos asumirán la obligación de verificar y difundir con claridad el origen de los recursos de campaña, denunciar el uso indebido de bienes públicos o financiamiento ilícito y erradicar prácticas difamatorias o de acoso.
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