Una adolescente de quince años ingresó al centro de rehabilitación “El Espíritu Santo es mi guía”, en San Juan de Lurigancho, buscando una solución para la conducta que preocupaba a su familia. Tres semanas después, fue devuelta sin vida. El dolor y la indignación se mezclan en el testimonio de los familiares y de varias internas, quienes aseguran que la joven no solo fue víctima de maltrato, sino que su muerte estuvo rodeada de hechos violentos y negligencia.
La llegada al centro y las promesas incumplidas
La familia de la menor, confiando en la promesa de un ambiente cristiano y terapias especializadas, decidió matricularla en este establecimiento. El hermano de la víctima narró que la decisión se tomó luego de buscar recomendaciones en Internet. Pagaban con regularidad una suma semanal para cubrir los gastos de la joven, aunque no les estaba permitido visitarla hasta que pasaran tres meses. Sólo recibían fotos y videos por WhatsApp, donde las internas debían mostrar sonrisas frente a la cámara, según denunciaron testigos.
La directora del centro, identificada como Melanie Sánchez Alemán, les garantizó a los padres un entorno seguro y tratamiento profesional, promesa que quedó totalmente desmentida por los dramáticos sucesos posteriores.
El día de la muerte: relatos de horror
Internas del centro relataron que, desde su ingreso, la adolescente fue víctima de golpes y maltratos permanentes, práctica habitual contra varias residentes. Según los testimonios, las internas eran amarradas de pies y manos, y silenciadas con medias en la boca y cinta de embalaje. El día de la tragedia, la joven habría sido atada, amordazada y golpeada por varias personas con la complicidad y órdenes directas de la dirección del centro.
El hermano de la menor contó que la familia fue informada primero de un supuesto accidente y después de convulsiones, pero la realidad era distinta: “La maltrataron, la ahogaron, le pusieron medias, la asfixiaron. No fue un accidente, la asesinaron”, aseguró a Buenos Días Perú. Las internas revelaron que la víctima recibió varios golpes, fue amordazada con seis pares de medias e inmovilizada sin poder defenderse. Nadie acudió en su auxilio, a pesar de los gritos y el evidente deterioro de su estado.
Encubrimiento y traslado de las internas
Al constatar la muerte de la adolescente, quienes administraban el centro en vez de pedir ayuda médica procedieron a encubrir los hechos, retirando el cuerpo y desplazando a las internas a otro establecimiento, según denunciaron las supervivientes. El acceso a la policía se dificultó y la ayuda llegó tarde.
Varias internas relataron que fueron llevadas a un centro de varones, alejadas de sus familias y sin contacto externo. La policía terminó interviniendo ese y el centro original, logrando detener a diecisiete personas, aunque según los relatos, los principales responsables lograron huir.
Detalles de la investigación y el estado del cuerpo
La autopsia reveló numerosos signos de violencia y asfixia. El médico legista confirmó la existencia de múltiples golpes, moratones e hinchazón generalizada del cuerpo. El Ministerio Público y la Policía Nacional intervinieron finalmente el local, confirmando las irregularidades y la falta absoluta de licencia para operar. Se espera que la necropsia final determine con precisión las causas de la muerte y las responsabilidades penales.
Exigencia de justicia y responsabilidad estatal
El caso ha desatado preocupación sobre el funcionamiento de estos llamados centros de rehabilitación, que operan sin radares, ni comunicación por radio ante las autoridades, ni protocolos sanitarios. La familia exige justicia y que los responsables respondan ante la ley. Internas y allegados reclaman supervisión efectiva de las instituciones encargadas y la clausura definitiva de lugares que exponen la vida de menores e indefensos a situaciones inhumanas.
La muerte de la joven en San Juan de Lurigancho no debe quedar en la impunidad ni ser un caso más en la larga lista de víctimas de estos centros clandestinos. Las voces de las internas, testigos fundamentales de lo ocurrido, dan cuenta de un círculo de abuso sostenido, violencia y silencio, prácticas que exigen una respuesta firme y urgente de parte de las autoridades.
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