Chats, testigos, ‘diezmos’ y depósitos bancarios: las pruebas que comprometen a Francis Paredes y su entorno en la presunta red “Los Operadores del Oriente”

Todo comenzó en un salón de Palacio de Gobierno. El 29 de julio de 2021, durante los primeros días de la gestión de Pedro Castillo, congresistas del bloque magisterial se reunieron con representantes del gobierno para sellar un acuerdo: a cambio de apoyo ante eventuales pedidos de censura o procesos de vacancia, el ejecutivo les cedería el control de sedes descentralizadas de instituciones públicas en sus regiones. Según la investigación del Ministerio Público, esa reunión fue el punto de partida de lo que hoy se conoce como “Los Operadores del Oriente”, una presunta organización criminal liderada por la congresista Francis Yasmina Paredes Castro, de Podemos Perú.

Paredes es profesora de profesión. Ingresó al Parlamento por Perú Libre, migró luego al bloque magisterial y actualmente integra la bancada de Podemos Perú, del empresario José Luna. Fue elegida con apenas 3.400 votos y termina su legislatura con nueve allanamientos ordenados por el Poder Judicial en Ucayali y Lima, chats intervenidos, extractos bancarios comprometedores y un aspirante a colaborador eficaz que apunta directamente a su entorno.

Tres instituciones, millones en contratos y un “diezmo” de dos millones de soles

De acuerdo al reportaje de ‘Cuarto Poder’, la presunta red operó sobre tres instituciones con sede en Pucallpa, Ucayali: la Red Asistencial de Essalud, la Oficina Regional del Oriente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ucayali. El objetivo era siempre el mismo: colocar funcionarios afines, direccionar contratos y cobrar una retribución ilícita sobre los montos adjudicados.

El blanco principal fue Essalud Ucayali. Según la fiscalía, la red colocó en febrero de 2022 a Lucas Roa Borja como jefe de la Red Asistencial, lo que permitió a los operadores de Paredes tomar control del flujo de contratos. A partir de ese momento, el empresario Iván García y el técnico de primera del Ejército Javier Barbarán captaron proveedores dispuestos a pagar por adjudicaciones.

La investigación fiscal identificó tres contratos por servicios de vuelos chárter y ambulancias aéreas firmados en diciembre de 2022, todos adjudicados a la misma empresa: Air Majoro SA, en consorcio o de forma individual. El monto total: 20 millones de soles. La retribución ilícita que recibió la red por esos contratos ascendió, según el Ministerio Público, a dos millones de soles. “La empresa ganadora entregó como retribución económica ilícita la suma de dos millones de soles. Diezmo”, precisó el fiscal durante el operativo.

Un segundo caso involucra al empresario Jean Flores, allanado durante la misma operación: habría recibido contratos de servicios a cambio de 70.000 soles entregados al operador Iván García, de los cuales la propia Paredes habría reclamado 20.000 soles.

La hermana, la amiga “Reinita” y el militar operador

La red no operaba solo con empresarios y funcionarios. La hermana de la congresista, Rosa Paredes Castro, integra el organigrama como operadora y captadora. Según el colaborador eficaz, Rosa Paredes solicitó ser contratada en Essalud Ucayali pese a contar únicamente con secundaria completa, cargo que no le correspondía. Los chats incorporados a la investigación revelan que en abril de 2022, el operador militar fue alertado sobre denuncias internas relacionadas con su contratación.

El caso del INPE expone otro mecanismo: a mediados de 2021, Paredes se reunió en un restaurante del Cercado de Lima con Rodolfo Bardales Piña, quien le solicitó gestionar la designación de Edgar Rubén Vilcapaza Arias como jefe de la Oficina Regional del Oriente del INPE a cambio de 25.000 soles. El dinero no fue depositado a nombre de la congresista, sino en la cuenta de su amiga Maura Porras Huamán, a quien llamaba “Reinita”, bajo el pretexto de fines solidarios.

El militar Antonio Barbarán Pérez fue enviado a recoger a Porras, llevarla a una agencia bancaria en San Borja y retirar el efectivo para entregarlo en sobre cerrado. La designación nunca se concretó. Bardales fue a reclamar a la casa de Porras en Pucallpa y las amenazas escalaron hasta poner en riesgo la integridad de la amiga de la congresista. La comunicación entre ambas se cortó en septiembre de 2022.

El Ministerio de Cultura y el papel escrito a mano

La tercera institución en el esquema fue la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ucayali. La fiscalía presentó como prueba un papel escrito a mano con el listado de cargos que la organización buscaba controlar. En abril de 2022 se designó a Elvis Luna Manahuari como director, quien posteriormente intentó crear una unidad formuladora con manejo de presupuesto de inversión pública. La iniciativa no prosperó.

Los cargos imputados incluyen precolusión agravada, tráfico de influencias y cohecho pasivo propio, todos en el marco de una organización criminal. El Poder Judicial autorizó el levantamiento del secreto de comunicaciones, el secreto bancario y ordenó nueve allanamientos simultáneos en Ucayali y Lima. Paredes no fue detenida. En un comunicado, rechazó todas las imputaciones y anunció que colaborará con la investigación.