El impacto del crimen organizado se ha convertido en una de las mayores amenazas para la estabilidad económica del país y, según las tendencias observadas entre el 2018 y el 2025, su influencia continuará creciendo en el 2026. La evidencia disponible muestra que estas redes han ampliado su presencia territorial, sofisticado sus métodos y fortalecido su capacidad para insertarse en cadenas productivas clave.
La evolución delictiva incluye un aumento acelerado de la extorsión, cuyo número de denuncias se elevó casi 800% en los últimos ocho años, hasta alcanzar 22.970 casos a octubre del 2025. Este avance, junto con la multiplicación por once de las incautaciones de dinamita en la última década, confirma un escenario donde la violencia y la presión sobre actividades económicas seguirán en ascenso.
Escalada criminal con efectos directos en la actividad productiva
El ex viceministro de Seguridad Pública y director de GPS Agencia, Julio Corcuera, advierte que en el 2026 se prevé una expansión de organizaciones transnacionales como Tren de Aragua, Los Lobos y Los Choneros, ya presentes en corredores estratégicos. Estas agrupaciones continúan penetrando sectores como construcción, comercio, minería, transporte y energía, donde la extorsión, el sicariato y el secuestro generan paralizaciones y sobrecostos. “Los sectores más golpeados seguirán siendo construcción, comercio, transporte, minería y energía, donde la extorsión, el sicariato y el secuestro continúan impactando operaciones y generando sobrecostos significativos”, indicó.
Los efectos económicos ya se sienten en múltiples frentes. Solo en construcción, al menos 25 asesinatos entre el 2011 y el 2024 confirman el nivel de riesgo en el sector. Asimismo, el 83,9% de bodegueros identifica a la inseguridad como su principal obstáculo, reflejando cómo el incremento de la delincuencia afecta la productividad y eleva los costos operativos, especialmente en negocios de menor escala.
Costos crecientes para el país
La inseguridad equivale hoy al 2,2% del PBI, según el Banco Central, y la tendencia apunta a una mayor presión económica en el 2026. Si el país mantiene la dinámica actual, las pérdidas podrían ubicarse entre S/ 22.000 millones y S/ 24.000 millones, monto que compromete casi un punto de crecimiento económico.
Esta carga afecta tanto al sector privado como al Estado, que debe asumir mayores gastos en seguridad, logística y programas de mitigación. En el caso empresarial, aumentos en primas de seguros, interrupciones de obras y caídas de productividad se están volviendo frecuentes, generando un entorno de inversión más incierto.
Brechas regulatorias que aumentan la vulnerabilidad
Uno de los problemas más críticos es la falta de información criminal confiable. Entre el 2019 y el 2024, la diferencia anual entre los registros de homicidios de la PNP y el Ministerio Público superó los 11.900 casos. Esta inconsistencia impide diseñar estrategias basadas en datos precisos y afecta la capacidad de respuesta en zonas de alto riesgo.
Además, la acción estatal continúa marcada por un enfoque reactivo, con escasa articulación entre inteligencia, análisis de datos y protección de sectores estratégicos. La ausencia de una política integral deja espacio para que las organizaciones criminales aprovechen vacíos institucionales.
Un mercado de seguridad que no avanza al ritmo del delito
La demanda por servicios de seguridad ha crecido en sectores sensibles, pero las normas no se han actualizado al mismo ritmo. Esto genera brechas que afectan a empresas, entidades públicas y ciudadanos, especialmente en transporte, logística, infraestructura y servicios financieros.
El caso más crítico es el traslado de valores. Según Indecopi y el Banco de la Nación, solo dos empresas cuentan con licencia nacional, lo que configura un duopolio condicionado por altos requisitos técnicos y elevados costos. Esta concentración reduce la cobertura regional y limita el acceso oportuno a bonos sociales, obligando a familias vulnerables a viajar largas distancias para cobrar un apoyo básico.
2026: hacia la gestión del riesgo delincuencial
El próximo año exigirá una transición hacia modelos de gestión del riesgo que anticipen amenazas mediante análisis y metodologías adaptadas por territorio y actividad económica. Sectores como infraestructura, minería, logística, construcción y programas sociales requerirán herramientas de evaluación que garanticen continuidad operativa en entornos cada vez más riesgosos.
Sin reformas regulatorias y sin un fortalecimiento del mercado formal de seguridad, el 2026 podría consolidar la influencia del crimen organizado en sectores estratégicos, afectando la competitividad nacional y la vida cotidiana de millones de peruanos.
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