Prometió volver. Durante sus alegatos de defensa en el pleno, Delia Espinoza anunció que tarde o temprano regresaría al Ministerio Público y adelantó que presentará una demanda de amparo ante el Poder Judicial para revertir su inhabilitación por 10 años. No obstante, su posible reincorporación podría demorar varios meses debido a los cambios que el Congreso realizó al Código Procesal Constitucional y a las estrategias legales que puede activar para retrasar cualquier fallo adverso.
Para el abogado constitucionalista Hebert Joel Campos, el Parlamento aprobó la acusación aun sabiendo que tenía un sustento jurídico “endeble”.
Según explicó, el marco legal vigente permite al Congreso extender al máximo los efectos de la sanción, incluso si Espinoza obtiene una resolución favorable en la vía judicial.“El asunto es muy sencillo. La mayoría parlamentaria sabe que la acusación es endeble; sin embargo, decide aprobarla”, señaló.
¿Por qué demoraría la reposición de Delia Espinoza?
Campos advierte que, aunque Espinoza gane un amparo en primera instancia, su retorno no sería inmediato. En primer lugar, el Congreso puede apelar cualquier sentencia favorable, lo que detiene automáticamente su ejecución. Además, podría recurrir a una estrategia ya utilizada en otras ocasiones: presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) para bloquear la decisión del Poder Judicial.
El elemento más decisivo, según el constitucionalista, es la reforma al Código Procesal Constitucional aprobada por el Parlamento a fines del año pasado. Esa modificación establece que las sentencias de amparo contra el Congreso solo surten efecto cuando son confirmadas en segunda instancia. En consecuencia, incluso si Espinoza gana inicialmente, no podrá volver a su cargo hasta que un tribunal superior ratifique el fallo.“Eso solo ocurre con los amparos contra el Congreso. Qué conveniente”, ironizó.
La votación que definió su salida
Delia Espinoza no regresará al Ministerio Público —al menos, por ahora. Su inhabilitación se aprobó después de intensas negociaciones dentro del Congreso, que finalmente permitieron sumar los votos necesarios para respaldar el informe que recomendaba sancionarla por 10 años. Tras admitir dos reconsideraciones, se procedió a una segunda votación en la que 71 parlamentarios apoyaron la medida.
El giro en el resultado obedeció a dos movimientos clave: tres congresistas que en un inicio se abstuvieron cambiaron su voto a favor, mientras que cinco legisladores que no asistieron a la sesión matutina acudieron en la tarde para emitir su voto.
La estrategia legal que anunció y sus críticas al Ministerio Público
Tras la decisión del Congreso, Espinoza reafirmó que buscará revertir su inhabilitación. En su intervención en el Pleno y posteriormente en una entrevista con RPP Noticias, explicó las acciones que ya está impulsando:
“Bueno, continuar con las acciones constitucionales, porque esto amerita también una acción de amparo y tarde o temprano, yo insisto (...) también preparar denuncias. Hay delitos que se han cometido y también infracciones a la Constitución”, declaró.
La exfiscal expresó confianza en que podrá volver a su cargo y adelantó que denunciará a los parlamentarios que promovieron su salida, al considerar que durante el proceso —desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales— se cometieron diversas irregularidades.
En paralelo, cuestionó el silencio de los fiscales supremos Zoraida Ávalos, Juan Carlos Villena y Pablo Sánchez, quienes enfrentaron denuncias similares pero cuyos casos fueron archivados.
“La Junta de Fiscales Supremos ha mantenido un silencio, yo creo, bastante lamentable, porque ellos, a sabiendas de que tres de sus integrantes habían sido salvados de esta acusación que hoy día me ha inhabilitado, por lo menos por un elemental sentido de defensa de la autonomía del Ministerio Público”, comentó.
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