En medio de una creciente preocupación por los casos de corrupción dentro de la Policía Nacional, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció la aprobación de un Decreto Supremo que incorporará un nuevo cuadro de sanciones para los efectivos que sean sorprendidos cometiendo delitos en flagrancia o participando en actos ilícitos. Desde la región Junín, a donde llegó acompañado del presidente José Jerí y otros ministros, el titular del Mininter adelantó que el objetivo es acelerar los procesos disciplinarios y garantizar expulsiones inmediatas.
“Ya tenemos un Decreto Supremo en vigencia con una tabla de sanciones para ser más efectivos. Como bien se ha anunciado, aquí no hay espacio para ningún policía que está al margen de la ley. Todo policía que está al margen de la ley inmediatamente tiene que ser retirado de la institución. Esa es política de Gobierno”, señaló.
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Tiburcio explicó que, para ello, se ha implementado en Lima una oficina especial dedicada a procesar casos sumarísimos y resolverlos con mayor rapidez. “Todos aquellos policías que estén en flagrancia delictiva y actos corroborados, inmediatamente van a someterse a ese proceso”, añadió.
El ministro también anunció que el Ejecutivo ejecutará un plan integral de orden y seguridad para reforzar la capacidad operativa de la PNP. La estrategia incluye el uso obligatorio de mapas del delito en comisarías y unidades especializadas, con el fin de ajustar las intervenciones a las realidades de cada territorio.
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“Los Piratas”: el caso que expone la infiltración criminal dentro de la PNP
El anuncio del ministro ocurre en un contexto complejo para la institución policial, golpeada por una serie de investigaciones que involucran a sus propios miembros en organizaciones criminales. Una de las más recientes —y más graves— es la estructura conocida como “Los Piratas”, una red integrada por policías y civiles que habría operado durante tres años en Lima y Tarapoto, dedicada al robo de droga, extorsiones, asaltos y homicidios.
Un reportaje de Cuarto Poder reveló interceptaciones telefónicas, registros audiovisuales y testimonios de colaboradores eficaces que comprometen a más de veinte agentes, varios de ellos pertenecientes al Escuadrón Verde.
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Las grabaciones muestran diálogos donde se coordinan entregas de dinero, la logística de los golpes y el uso de información reservada para preparar asaltos. En uno de los audios se menciona incluso una “cama de 140.000 dólares”, clave para comprender el nivel de operaciones de la red.
Entre los episodios atribuidos a esta organización figuran el asesinato del cambista Hernán Laines, emboscado en un hotel en 2022, y el homicidio del empresario Jorge D’Ambrosio en Tarapoto. En ambos casos, la fiscalía apunta a filtraciones internas: rutas, montos y horarios habrían sido conocidos previamente por los implicados.
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La estructura criminal incluía policías en actividad, retirados y civiles. Su esquema operativo iba desde la obtención de datos hasta la ejecución de los asaltos. Tras varios operativos simultáneos, una parte de los implicados fue detenida, mientras otros cumplen prisión preventiva. De acuerdo con el sistema contra la criminalidad organizada del Ministerio Público, 298 policías están actualmente investigados por integrar o apoyar a bandas delictivas.
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