Elizabeth Peralta salió del penal Mujeres de Chorrillos: la fiscal investigada en el caso Andrés Hurtado ‘Chibolín’ afrontará el proceso en libertad

Elizabeth Peralta salió en libertad este jueves. La suspendida fiscal abandonó el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos tras casi un año, luego de que el Poder Judicial dispusiera el cese de la medida de prisión preventiva. Ahora, la investigada por presunta corrupción en el caso que involucra a Andrés Hurtado ‘Chibolín’ afrontará el proceso bajo comparecencia con restricciones.

Peralta salió del establecimiento penitenciario a las 16:49, vistiendo un conjunto color rosa y un polo blanco. Según RPP, familiares aguardaban su llegada en las afueras del penal y la acompañaron a un vehículo de color gris. La fiscal evitó realizar declaraciones y fue tapada por sus allegados.

La resolución, firmada por Juan Carlos Checkley, juez supremo del Juzgado de Investigación Preparatoria, ordenó liberar a Peralta tras una revisión de oficio de la medida restrictiva. Aunque la evidencia que motivó la prisión se mantiene “con mayor solidez”, ya no persiste el riesgo procesal que justificaba su detención.

¿Qué hechos se le atribuyen?

A Elizabeth Peralta se le atribuyen tres hechos principales: la recepción presunta de dinero mediante el presentador Andrés Hurtado para facilitar la devolución de oro incautado a una empresa vinculada a Javier Miu Lei; un supuesto cobro de 80.000 dólares para promover una investigación contra la empresa Paltarumi; y la solicitud, según declaraciones, de 100.000 dólares para archivar una causa abierta contra la empresa de Iván Siucho Neira.

Infobae recogió que el fallo judicial detalla que estos hechos, respaldados por elementos como actas fiscales, declaraciones, audios y documentos, “consolidan la hipótesis de una vinculación directa y sostenida” entre la fiscal, el expresentador y empresarios investigados.

El análisis del juez supremo Checkley recalca que, aunque persiste una sospecha fundada de los delitos atribuidos, Peralta no presenta un peligro concreto de fuga ni de obstaculización del proceso. La resolución considera que la exfiscal no intentó evadir la investigación, colaboró con las diligencias del Ministerio Público y no existen indicios de maniobras para eludir la justicia desde su internamiento, circunstancias que debilitaron la presunción de riesgo procesal. De esta manera, el juzgado optó por reemplazar la prisión preventiva por comparecencia con restricciones.

Entre las condiciones impuestas por el Poder Judicial, destacan la prohibición de ausentarse de Lima sin autorización, el requisito de cumplir con el control biométrico cada 30 días, la obligación de presentarse ante la autoridad judicial o fiscal cuando sea solicitada, y la prohibición absoluta de comunicarse con otros investigados o testigos. Además, Peralta deberá pagar una caución de 10.000 soles en efectivo dentro de los próximos tres días hábiles.

Durante la audiencia que antecedió al fallo, Elizabeth Peralta alegó agravamiento en sus condiciones de salud durante el encierro e informó sobre la muerte de su madre mientras permanecía privada de libertad. En una declaración recogida por Justicia TV, la exfiscal suplicó al juez considerar su situación médica y familiar: “Yo necesito urgentemente un tratamiento para mis terapias, que las he perdido. Pero yo, doctor, por favor, le suplicaría que declare fundada mi revisión. El hecho de haber perdido a mi madre acá en prisión me afectó mucho. Nunca pensé que me iba a afectar tanto el fallecimiento de mi madre”.

¿Cuál es el vínculo con Andrés Hurtado?

La investigación señala que Andrés Hurtado ‘Chibolín’ actuó como nexo entre empresarios dedicados a la compraventa de oro y la fiscal Peralta, facilitando reuniones y supuestos arreglos económicos para recuperar un cargamento de oro incautado por las autoridades, y motivar represalias judiciales contra competidores comerciales. Como parte de la indagación fiscal, Iván Siucho Neira declaró como colaborador eficaz y afirmó que Hurtado era intermediario de Peralta y que, durante una reunión en 2021, la fiscal exigió 100.000 dólares para iniciar una causa de lavado de activos, según recogió RPP.