Congresista Diana Gonzáles rechaza posible prórroga del Reinfo y exige postura firme del Ejecutivo contra la minería ilegal

La vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, Diana Gonzáles expresó su rechazo a la propuesta de algunos parlamentarios que buscan una nueva prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuyo plazo original vence este 31 de diciembre. La congresista sostuvo que prolongar el Reinfo sería un retroceso en la lucha contra la minería ilegal y advirtió que el Congreso no debería priorizar esta medida sobre la aprobación de la Ley Mape, orientada a la regulación de la pequeña minería y minería artesanal.

“Se está abriendo el debate para que los sectores involucrados puedan dar su punto de vista. Lo que deberíamos estar discutiendo es la Ley Mape y no la prórroga del Reinfo, pero como indicó el presidente (de la comisión) el plazo de 45 días es muy corto para debatir la Ley Mape, lamentablemente la comisión ha perdido 60 días y actualmente ha quedado abierto el debate para la ampliación del Reinfo”, afirmó Gonzáles para RPP.

La parlamentaria indicó que la gestión del exprimer ministro Eduardo Arana se mostró en contra de extender el Reinfo, pero criticó la falta de una postura clara del gobierno de José Jerí sobre este tema. Gonzáles enfatizó que la ausencia de un pronunciamiento oficial genera incertidumbre y podría favorecer indirectamente a actores vinculados a la minería ilegal.

Rechazo a la minería ilegal

“Hubo una posición firme en contra de la ampliación del Reinfo, en contra de la minería ilegal, que lamentablemente no estamos viendo con el gobierno actual. Necesitamos el pronunciamiento del ministro de Energía y Minas que hasta el momento no se le ha escuchado”, señaló Gonzáles, subrayando la necesidad de claridad y compromiso por parte del Ejecutivo.

La congresista advirtió que, tras más de 10 años de procesos de formalización minera, el país aún enfrenta desafíos para cerrar definitivamente la brecha entre minería legal e ilegal. Gonzáles consideró que prolongar el Reinfo sería una forma de “dar un salvavidas” a la minería ilegal, afectando la transparencia y la gestión sostenible del sector.

Por ello, reiteró que el Congreso debería centrarse en aprobar la Ley Mape, un marco normativo que busca regular de manera integral la pequeña minería y la minería artesanal, en lugar de debatir extensiones de un registro cuya vigencia ya ha sido prolongada en varias oportunidades.

Comisión de Energía y Minas

En paralelo, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó conformar una mesa de trabajo para abordar la formalización de la pequeña minería y minería artesanal, que reunirá a todos los sectores implicados hasta el 15 de diciembre. La iniciativa fue aprobada con 14 votos a favor y 8 en contra, a propuesta del congresista Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso).

El grupo de trabajo convocará a dirigentes de gremios mineros y especialistas del Estado, con el objetivo de elaborar un texto consensuado sobre la formalización minera antes de finalizar la legislatura. Esta medida busca garantizar que todas las partes interesadas puedan expresar sus puntos de vista y contribuir a una solución más equilibrada y efectiva.

Gonzáles destacó la importancia de esta mesa técnica como un paso para coordinar esfuerzos entre el Congreso y los actores del sector minero, aunque reiteró que la prioridad debe ser avanzar en la Ley Mape y frenar la minería ilegal.

Exigencias al Ejecutivo

La parlamentaria enfatizó que, mientras se define la mesa de trabajo y se discuten posibles modificaciones al Reinfo, el Ejecutivo debe asumir un rol activo y transparente. “Necesitamos que el gobierno se pronuncie con claridad y firmeza, porque no podemos seguir permitiendo que la minería ilegal se beneficie de vacíos legales o retrasos en los procesos de formalización”, afirmó Gonzáles.

La congresista concluyó que el debate sobre la prórroga del Reinfo no debería dilatar más la discusión sobre medidas estructurales para formalizar la pequeña minería, y urgió a que se tomen decisiones que protejan el medio ambiente, los derechos de los trabajadores y la legalidad en el sector minero.