
Todo universitario que quiera avanzar en su carrera profesional y académica debe afrontar el reto de hacer una tesis; sin embargo, no todos siguen el camino ético para realizarla y optan por comprar un trabajo académico listo que les permita obtener grados y título sin mérito propio. Pero ¿qué consecuencias legales enfrentan?
“El encargo total o parcial de una tesis a terceros constituye una mala práctica científica y un fraude”, explica Luis García Westphalen, abogado y presidente del Comité de Integridad de la Universidad Científica del Sur, quien recalca que se trata de una conducta sancionable tanto en el ámbito académico como judicial.

Sanciones académicas: título anulado y expulsión
Cuando una universidad detecta la compra de tesis, las sanciones pueden ir desde la suspensión temporal hasta la expulsión definitiva del estudiante. Incluso si el grado o título ya fue otorgado, la institución puede anularlo hasta diez años después, según lo estipulado en el artículo 2001 del Código Civil.
“Estamos ante un error esencial: se emitió un título suponiendo que el trabajo era original. La universidad tiene base legal para anularlo”, explica García Westphalen.
Además, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) puede eliminar el registro del título profesional o grado académico si la universidad solicita judicialmente su nulidad. En esos casos, el egresado queda sin reconocimiento oficial de su grado ni habilitación profesional.

Hasta ocho años de cárcel
Aunque el Código Penal peruano no castiga de forma directa la compra de tesis, sí sanciona el plagio, es decir, presentar como propias las obras ajenas. El artículo 219 establece penas de 3 a 6 años de cárcel y multas de hasta 180 días, mientras que el plagio agravado, cuando existe beneficio económico, puede alcanzar hasta ocho años de prisión efectiva.
“Cuando la pena supera los cinco años, debe cumplirse de manera efectiva. No hay posibilidad de suspensión”, aclara García Westphalen. “Comprar una tesis no solo puede dejar a un joven sin título, sino también con antecedentes penales y sin futuro profesional”.
¿Qué hacen las universidades frente a estos casos?
Cada casa de estudios cuenta con reglamentos internos para sancionar el fraude académico. En la Universidad Científica del Sur, los casos pasan por tres etapas: instrucción, evaluación en primera instancia y revisión final por un consejo integrado por el rector, el gerente general y un vicerrector académico.

Otras universidades, como la San Marcos, la Cayetano Heredia y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), también han reforzado sus medidas. Todas utilizan programas antiplagio como Turnitin y aplican sanciones que van desde la suspensión hasta la expulsión. Estas políticas se enmarcan en la Ley Universitaria y en el Código Nacional de Integridad Científica.
La prevención: formar una cultura ética
Para combatir este problema, la Científica del Sur ha lanzado la campaña “Mi tesis no tiene precio”, con el fin de sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de la investigación honesta. En paralelo, el Concytec impulsa campañas que promueven la integridad científica y la transparencia en la producción académica.
“El conocimiento se construye con esfuerzo propio, no comprando el trabajo de otros”, subraya García Westphalen. En un país donde el título profesional sigue siendo una meta vital, la advertencia es clara: comprar una tesis puede costarte tu carrera, tu reputación y tu libertad.
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