El fallecimiento de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz durante la marcha nacional del 15 de octubre en Lima, al parecer por un policía vestido de civil, ha reavivado la tensión y la crisis política y social en el país. La Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos confirmó que la causa fue un disparo de arma de fuego en las inmediaciones de la Plaza Francia, en el centro de la capital peruana, en medio de los enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).
La movilización, impulsada por colectivos juveniles y universitarios bajo el nombre de Generación Z, inició como una protesta pacífica contra el gobierno de José Jerí y el Congreso, pero degeneró en disturbios, bloqueos y choques directos con la policía. Testigos y familiares de la víctima, conocido en la escena urbana como “Trvko”, aseguraron que el incidente se produjo cuando presuntos agentes del Grupo Terna, vestidos de civil, fueron identificados por los manifestantes y, al verse rodeados, abrieron fuego cerca de la Plaza Francia y la avenida Uruguay. Un amigo de Ruiz Sanz sostuvo a RPP: “Ni siquiera fue a quienes los seguían [ante las sospechas de que sean ternas]. No era parte de ellos. Él solo estaba parado”.
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Minsa y Fiscalía dieron detalles del fallecimiento de Eduardo Ruiz Sanz
El Ministerio de Salud (Minsa) informó que Eduardo Ruiz Sanz, de 32 años, ingresó sin signos vitales al Hospital Arzobispo Loayza la noche del 15 de octubre, antes de recibir atención médica. La intervención inmediata de la Fiscalía y la Dirección de Medicina Legal permitió el retiro del cuerpo en la madrugada, siguiendo el protocolo.
José Roncal Narváez, titular de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del Minsa, señaló en entrevista con RPP: “Tenemos la información de este paciente que ha ingresado al hospital Loayza sin signos vitales. Mayor información al respecto se va a poder obtener a través de Medicina Legal, puesto que alrededor de las tres de la mañana este paciente fallecido ha sido retirado del nosocomio con presencia de fiscalía y Medicina Legal, tal como se debe hacer en este tipo de casos”.
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Si bien Roncal no confirmó si el fallecimiento fue consecuencia de una herida de bala, la Fiscalía lo informó oficialmente, especificando que la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo dispuso el levantamiento del cadáver y la recolección de evidencia audiovisual y balística en la zona. La congresista Ruth Luque indicó que la muerte fue por un impacto de proyectil en el tórax, mientras que Fernando Lozada, adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, sostuvo que la causa exacta solo se sabrá tras la necropsia legal.
80 heridos en protestas
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la jornada dejó más de 80 heridos, entre manifestantes y policías. Roncal informó que veintinueve personas recibieron atención hospitalaria, de las que dos permanecían internadas en el Hospital Loayza tras operaciones. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, expresó: “Solicito que se haga una exhaustiva investigación para establecer en forma fehaciente la muerte de este ciudadano. Lamentamos nosotros que haya pasado este hecho”. Tiburcio también negó la presencia del Grupo Terna en el área de los incidentes, a pesar de videos en redes sociales donde aparecen policías de civil realizando detenciones durante la marcha.
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En cuanto a los policías heridos, Roncal precisó que “son un número de sesenta pacientes que han sido llevados a sus hospitales”, mientras que el Ministerio del Interior aclaró que los detalles y condiciones específicas los confirma exclusivamente esa cartera. Sobre la posible presencia de menores de edad entre los heridos, Roncal descartó la llegada de una niña de once años a los hospitales y afirmó que solo dos adolescentes de dieciséis años recibieron atención y ya fueron dados de alta.
Agresión a periodistas
La represión policial también alcanzó a periodistas, como el fotógrafo de OjoPúblico, Gabriel García Barandiarán, quien recibió el impacto de un perdigón. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) documentó quince manifestantes heridos, en su mayoría por perdigones, y denunció que la policía negó el derecho a la defensa de los detenidos en algunos casos.
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La muerte de Eduardo Ruiz Sanz provocó la movilización de familiares y organizaciones sociales, que acudieron al hospital exigiendo justicia y el esclarecimiento de los hechos. El presidente interino, José Jerí, manifestó: “Fuerza a su familia en este momento. Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades”, según publicó en su cuenta de X.
La Fiscalía informó el despliegue de todas las herramientas disponibles, incluida la revisión de material audiovisual, peritajes balísticos y la toma de declaraciones a testigos, médicos y familiares. El objetivo es establecer si hubo abuso de la fuerza o responsabilidad penal. El abogado de la familia, Rodrigo Noblecilla, denunció en X que la Policía Nacional busca investigarse a sí misma, lo que generó preocupación sobre posibles conflictos de interés y la falta de transparencia. Por ello, exigió que la pesquisa quede en manos de un órgano externo.
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Durante la jornada se reportaron bloqueos en vías principales, incendios de basura, objetos arrojados contra vehículos y policías, así como choques frontales entre jóvenes y efectivos, acompañados por brigadas de apoyo que socorrieron a heridos. La policía utilizó gases lacrimógenos y perdigones, lo que causó múltiples lesiones y daños materiales, incluidas motocicletas policiales.

Otro herido en estado crítico
Junto con el caso de Ruiz Sanz, al menos un manifestante más, Luis Reyes Rodríguez, permanece en estado crítico tras recibir un perdigón en la cabeza. Su tía relató a Infobae Perú que el joven fue inducido al coma para protegerlo de mayores daños cerebrales, ya que “tiene una parte del cerebro que está destruido y que es irrecuperable”. La familia solicitó privacidad mientras permanece en reserva el estado de salud.
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La Defensoría del Pueblo reportó el ingreso a emergencias de veinticuatro ciudadanos afectados por la acción policial en distintos hospitales, así como la detención de diez personas: dos por control de identidad y ocho por presuntos delitos contra la tranquilidad pública.
La necropsia al cuerpo de Ruiz Sanz será decisiva para precisar la causa exacta del fallecimiento y para definir posibles responsabilidades penales o administrativas. El caso se investiga bajo el marco de graves violaciones a los derechos humanos, en un ambiente de creciente desconfianza hacia la clase política y una fuerte exigencia de justicia por parte de familiares y organizaciones humanitarias.
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