El abogado Juan Carlos Portugal, principal defensa legal de la presidenta Dina Boluarte, negó este jueves haber solicitado asilo para su patrocinada, quien enfrenta cuatro mociones de vacancia por su incapacidad para enfrentar a la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.
“Mi visita a Palacio no obedece a ninguna gestión de asilo político de mi clienta. Él o la que inventó algo así está cerca del delirio y de la inimputabilidad”, señaló en un pronunciamiento publicado en X, antes Twitter.
Agregó que tampoco fue convocado para tratar su renuncia. “Yo no abandono a mis clientes. No me han formado de esa manera. Soy leal hasta el final”, indicó.
Las cámaras de Canal N registraron el ingreso de Portugal a Palacio de Gobierno a las 16:25 horas, luego de estacionar su vehículo y acercarse caminando al recinto. Al ser consultado por el estado de la presidenta, respondió con un gesto de aprobación levantando el pulgar.
El mensaje del letrado se hizo público después de que la congresista Patricia Chirinos, de Renovación Popular, remitiera dos oficios dirigidos a los embajadores de Brasil y Ecuador en Lima para rechazar cualquier intento de asilo o refugio político solicitado por Boluarte.
En los documentos, la legisladora advirtió que, si se aprueba una solicitud de ese tipo, se estaría permitiendo una evasión de la justicia peruana, ya que la mandataria afronta investigaciones en el Ministerio Público.
Afirmó que el asilo político no debe usarse como mecanismo para eludir la responsabilidad penal ni para interferir en el trabajo de la justicia nacional.
Por ello, exhortó a ambas sedes diplomáticas a mantener una postura institucional y a reafirmar su compromiso con los principios de soberanía, independencia judicial y no injerencia en los asuntos internos del Perú.
Preocupación
El abogado Joseph Campos, otro de los defensores de Boluarte, señaló sentir “tristeza y preocupación” tras el anuncio de las fuerzas políticas que respaldaban a la mandataria, ahora dispuestas a destituirla a seis meses de las elecciones generales.
“El pedido de vacancia de un presidente de la República siempre es una crisis”, afirmó en RPP. Añadió que el procedimiento de destitución cambió a raíz de un fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre un hábeas corpus del expresidente Pedro Castillo, antiguo aliado político de Boluarte.
“No solamente habilita la incapacidad moral permanente, pero le pone también unas reglas que se tienen que observar para efectos de que, siendo una decisión política del Congreso de la República, no se genere arbitrariedades ni tampoco se ignore la idea de la trascendencia de quitarle el cargo a un presidente”, indicó.
El letrado recalcó que la destitución no puede basarse únicamente en los votos obtenidos: “Ya no es como antes consigo los votos y ya. Aunque probablemente exista esa tentación. Lo que ahora corresponde es la evaluación técnica en los términos que el Tribunal Constitucional ha establecido”, dijo.
Sostuvo que en el Congreso debe existir “una suerte de diálogo respetuoso e institucional para establecer la trascendencia de quitar a un presidente, cosa que se ha perdido”, y rechazó que se le atribuya responsabilidad directa a la gobernante en asuntos como la inseguridad.
“(Ella) no controla la seguridad ciudadana. Si no sale con pistola a combatir, acá hay una confusión. El presidente da una orden política que implementa el sector técnico”, matizó.
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