Ataque a Agua Marina marca un punto de quiebre y acelera las mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte

El Perú atraviesa una etapa de descomposición social que se expresa en las calles, en los medios y en el ánimo colectivo. Cada jornada trae consigo un nuevo crimen, una víctima más del sicariato o la extorsión que han convertido la inseguridad ciudadana en un tema cotidiano. Transportistas, empresarios y ciudadanos comunes conviven con el temor a la violencia. Sin embargo, lo ocurrido con Agua Marina —una de las agrupaciones más queridas del país— encendió una alarma distinta. El ataque perpetrado durante su concierto en el Círculo Militar no solo dejó heridos, sino que también detonó una indignación generalizada que ahora se traduce en un movimiento político: el pedido de vacancia de la presidenta Dina Boluarte.

El atentado, ocurrido en un recinto que debía representar seguridad, es interpretado por amplios sectores como una señal del colapso del control estatal frente a la delincuencia. A la indignación ciudadana se sumó el desconcierto político: en menos de una hora, el Congreso recibió cuatro mociones de vacancia presidencial, impulsadas por bancadas de distinto signo. Todas sostienen el mismo argumento: la supuesta “permanente incapacidad moral” de la mandataria para gobernar un país inmerso en la violencia y la desconfianza.

La crisis no solo es institucional, sino también emocional. El atentado contra Agua Marina expuso una herida colectiva y aceleró un proceso de desgaste que ya venía gestándose. Lo que parecía un episodio más de la ola delictiva terminó convirtiéndose en el punto de quiebre de un Gobierno que pierde respaldo incluso entre sus aliados.

Cerca de las diez y media de la noche, miles de personas disfrutaban de un concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos. La agrupación ofrecía una presentación más de su gira nacional cuando una ráfaga de disparos interrumpió la música. El público quedó paralizado ante la escena: varios integrantes del grupo cayeron al suelo, otros buscaban refugio, y el caos se apoderó del recinto.

El ataque se produjo desde la parte trasera del escenario. Según el informe policial, cinco personas resultaron heridas: los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú, líderes de la banda; el tecladista César More Nizama; el animador Wilson Ruiz Julca; y un comerciante. Los proyectiles perforaron incluso la pantalla del escenario. “Hemos podido determinar la participación de dos sujetos en una moto y los disparos se habrían efectuado no en movimiento, sino estacionados. El objetivo era atentar contra las personas que estaban en el escenario”, explicó el general Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima.

El hallazgo de 25 casquillos de nueve milímetros Parabellum reveló la potencia del ataque. Las investigaciones también identificaron irregularidades en la organización del evento. Para muchos, lo más desconcertante es que el atentado se perpetró dentro de un espacio administrado por las Fuerzas Armadas, lo que alimentó el cuestionamiento público hacia el Gobierno y su capacidad de garantizar seguridad, incluso en lugares bajo control militar.

El atentado contra Agua Marina se inscribe en un contexto de violencia extendida. Solo en Lima, los gremios del transporte urbano mantienen en alerta al país por los continuos ataques que sufren a manos de bandas que exigen pagos ilegales para permitirles trabajar. De acuerdo con el Observatorio del Crimen y la Violencia, al menos 180 conductores y cobradores fueron asesinados por resistirse a las extorsiones. El Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) reporta más de 20 mil casos de extorsión hasta octubre.

El sector artístico también ha sido golpeado. En marzo, Paul Flores, vocalista de Armonía 10, murió tras un ataque armado contra el bus de su agrupación. En junio, Jaime Carmona, exvocalista de Los Claveles de la Cumbia, fue asesinado en un restaurante del distrito de Independencia. Meses después, Thalía Manrique Castillo, cantante de Hermanos Guerrero, perdió la vida en un ataque similar. La Única Tropical y Son del Duke también fueron víctimas de la violencia.

El Congreso respondió al impacto social con una reacción inmediata. Cuatro mociones de vacancia se presentaron casi de manera simultánea, impulsadas por diferentes bancadas que coinciden en responsabilizar al Ejecutivo por la inseguridad y la falta de liderazgo. Renovación Popular, liderada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue la primera en anunciar la medida. “Los peruanos vivimos en un pánico permanente. No tenemos una líder, tenemos frivolidad. No valen izquierdas ni derechas”, señaló la congresista Norma Yarrow.

Otros legisladores, como Susel Paredes, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, admitieron que el planteamiento de vacancia tiene un trasfondo político, aunque no descartaron sumarse. “Es evidente que buscan deslindar de la presidenta, pero eso no borra la responsabilidad del Gobierno en el deterioro de la seguridad pública”, declaró.

La respuesta del Ejecutivo sigue ausente, mientras las calles reflejan una tensión creciente. La imagen de Boluarte se debilita frente a un escenario en el que la delincuencia ha penetrado todos los ámbitos, desde el transporte hasta la música popular.