Expresidente del TC advierte que el Congreso daría un golpe de Estado si vaca a Dina Boluarte por incapacidad moral: “Es inepta”

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Carlos Mesía, advirtió que el Congreso de la República incurriría en un “golpe de Estado” si aprueba una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte bajo la causal de incapacidad moral permanente. En entrevista con Canal N, el jurista sostuvo que los fundamentos de la moción presentada por los congresistas no se ajustan al marco constitucional y carecen de sustento legal.

De acuerdo con Mesía, el procedimiento de vacancia presidencial debe seguir pasos claramente establecidos en la Constitución. “Primero, la moción necesita un número mínimo de votos para ser admitida, y luego se debe correr traslado a la presidenta para que ejerza su derecho a la defensa ante el Pleno”, explicó. En ese sentido, precisó que el Congreso no puede “acelerar el trámite” ni saltarse las etapas formales del proceso.

¿Incapacidad moral o ineptitud política?

El expresidente del TC hizo una clara distinción entre la incapacidad moral permanente —prevista en el artículo 113 de la Constitución— y la ineptitud política o el desgobierno, que son de naturaleza distinta. Según el constitucionalista, “la presidenta no incurre en incapacidad moral porque no ha cometido ningún acto que afecte su integridad o conducta ética; lo que existe es ineptitud política”.

“El hecho de que no sepa gobernar no significa que sea moralmente incapaz”, afirmó Mesía, al referirse a los cuestionamientos sobre la gestión de Boluarte en materia de seguridad ciudadana y orden interno. Añadió que los problemas actuales del Ejecutivo “responden a la falta de liderazgo político y no a una inconducta moral”, razón por la cual la causal invocada por el Parlamento “no encaja en el tipo constitucional”.

Crítica al Congreso por uso indebido de la vacancia

Carlos Mesía fue enfático al señalar que el Congreso está interpretando erróneamente la figura de la vacancia. A su juicio, la moción presentada contra Boluarte “confunde incapacidad moral con falta de capacidad de gestión”. “El Parlamento está equivocando el camino”, recalcó.

El exmagistrado propuso una alternativa constitucional: censurar al primer ministro o al titular del Interior, en lugar de insistir con una vacancia improcedente. “Lo que debe hacer el Congreso es llamar al primer ministro, escuchar su exposición y, si corresponde, censurarlo para que la presidenta recomponga su gabinete y busque gente más competente”, declaró. Con ello, sostuvo, el Legislativo cumpliría su rol de control político sin vulnerar el orden constitucional.

“Vacar a la presidenta sería un golpe de Estado”

En la parte más contundente de su intervención, Mesía advirtió que una vacancia sin sustento legal constituiría un golpe de Estado desde la perspectiva constitucional. “Un golpe de Estado, técnicamente, es hacerse del poder mediante procedimientos prohibidos por la Constitución”, explicó.

“Acá lo que se quiere es golpear a la presidenta de la República y sacarla del cargo usando una causal que no se configura. Eso es un golpe”, enfatizó. Para el jurista, la única forma legítima de alternancia en el poder es a través de las elecciones presidenciales previstas para 2026. Cualquier intento de destituir a la mandataria por incapacidad moral “sin pruebas de conducta inmoral” violaría el principio democrático y el Estado de derecho.

Defensa del orden constitucional

Aunque aclaró que no es simpatizante de Dina Boluarte, Mesía insistió en la necesidad de respetar la Constitución y las reglas democráticas. “No es santo de mi devoción (Dina Boluarte), pero debemos respetar las leyes, porque si no, retrocederemos a la barbarie”, advirtió.

El exmagistrado concluyó que la presidenta puede ser inepta políticamente, pero no moralmente incapaz, por lo que el Congreso debe actuar con prudencia. “Confundir ineptitud con inmoralidad es una irresponsabilidad política y jurídica”, puntualizó.

Con estas declaraciones, Carlos Mesía se suma a las voces que alertan sobre el riesgo de una crisis institucional en el país, en medio de los reiterados intentos del Parlamento por promover la vacancia presidencial como mecanismo de control político, pese a que la Constitución establece límites claros para su aplicación.