La congresista Silvia Monteza Facho, de la bancada de Acción Popular, presentó un proyecto de ley que busca transformar la manera en que se gestiona el principal atractivo turístico del país, en medio de la profunda crisis que ha expuesto a Machu Picchu en medios internacionales, donde se cuestiona el desorden, la saturación de visitantes y la falta de una autoridad clara que garantice su preservación.
El Proyecto de Ley N.º 12567/2025-CR fue ingresado al Congreso este 24 de septiembre y propone establecer un marco normativo que permita una gestión sostenible y participativa de Machu Picchu. La iniciativa plantea la creación del Ente de Gestión Integral de Machu Picchu (EGIM), un organismo autónomo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con la misión de asegurar la preservación del santuario, la continuidad de los servicios turísticos y el bienestar de las comunidades locales.
El proyecto de ley surge en medio de advertencias de organismos internacionales como New7Wonders, que alertó sobre un posible retiro del título de Maravilla del Mundo si no se corrigen los problemas de gobernanza y saturación turística. Asimismo, responde a las crecientes presiones de gremios turísticos en Cusco, que reclaman al Estado asumir un rol más firme para evitar que el atractivo más visitado del país irreversible.
Un santuario en riesgo
Según datos del Ministerio de Cultura, solo en el primer semestre de 2025 más de 700 mil turistas visitaron Machu Picchu, de los cuales el 78,6 % fueron extranjeros. El turismo en el santuario representa cerca del 1,4 % del PBI nacional y hasta un 70 % del PBI regional del Cusco, lo que refleja la magnitud de su importancia económica.
Sin embargo, la dependencia del turismo también ha generado vulnerabilidad. Cada vez que ocurren protestas o bloqueos en las rutas de acceso, las pérdidas económicas en la región superan los S/ 2 millones diarios, según cálculos oficiales. Estas interrupciones afectan directamente a guías, artesanos, transportistas, restaurantes y hospedajes del distrito de Machu Picchu.
A ello se suma la presión de organismos internacionales. En su exposición de motivos, la legisladora recordó que la Unesco y New7Wonders han exigido al Estado presentar informes periódicos sobre la gestión sostenible del sitio, advirtiendo que de no cumplirse, el santuario podría ser incluido en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro.
El proyecto también se inspira en experiencias internacionales de gestión patrimonial. Entre ellas, el Parque Arqueológico de Pompeya en Italia, que cuenta con un ente autónomo que administra directamente los ingresos; Chichén Itzá en México, que opera con una plataforma centralizada de boletaje digital; y las Islas Galápagos en Ecuador, cuya gestión se financia íntegramente con tasas de ingreso de visitantes.
¿Qué plantea la creación del EGIM?
El EGIM sería un organismo público descentralizado con autonomía técnica, administrativa, económica y de gestión, encargado de articular todas las competencias vinculadas al santuario. Entre sus funciones principales están:
- Coordinar la planificación y gestión integral de Machu Picchu.
- Administrar los ingresos generados por boletos, transporte y actividades conexas.
- Garantizar la continuidad de los servicios turísticos en caso de huelgas o bloqueos.
- Supervisar la conservación del patrimonio cultural y natural.
- Implementar planes de desarrollo local con participación de las comunidades cusqueñas.
El financiamiento sería exclusivamente autogenerado, mediante un porcentaje de la venta de boletos de ingreso, concesiones de transporte ferroviario y terrestre, así como servicios turísticos, donaciones y cooperación internacional. El proyecto subraya que en ningún caso el ente demandará recursos del Tesoro Público.
Una de las medidas más destacadas es la creación de una plataforma digital única para la venta de boletos, con trazabilidad y mecanismos de control para evitar la reventa y garantizar transparencia. Además, se fijarían cuotas de acceso diferenciadas por horarios y tarifas, con el fin de ordenar el flujo de visitantes y proteger el ecosistema.
La propuesta también establece la creación del Fondo de Desarrollo Local por Turismo de Machu Picchu, financiado con el 20 % de los ingresos por boletos y el 10 % de las concesiones de transporte. Este fondo se destinaría a proyectos de infraestructura, educación, salud, saneamiento y conservación ambiental en beneficio de las comunidades del Cusco.
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