La candidata presidencial de Fuerza Popular por cuarta ocasión consecutiva, Keiko Fujimori, accederá a la lista de electores de la segunda vuelta de las Elecciones 2021. Con ello conocerá los nombres y apellidos de los millones de ciudadanos que acudieron a las urnas el domingo 6 de junio de 2021.
Sin embargo, el último pronunciamiento del Poder Judicial, al que accedió Infobae, pone límites a la información que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) deberá entregar a Fuerza Popular.
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De acuerdo con la resolución emitida el pasado 18 de marzo, la entidad electoral deberá suprimir de la lista de electores la fotografía, la firma y la huella dactilar del ciudadano por ser datos sensibles.
Cabe precisar que la ONPE también había pedido que se elimine de la ficha la indicación de si el elector votó o no. Sin embargo, el juez supernumerario Alexis Anicama considera que esa información no es sensible y que “únicamente el sentido del voto es el único dato cuya reserva es absoluta e inviolable”.
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Millonario costo
Según un informe de la ONPE, cumplir con la sentencia del PJ costaría casi 28 millones de soles y demoraría 4 años y 2 meses en completar su ejecución (extracción de data, fotocopiado, certificación, anonimización, digitalización y grabación en CD).
Al respecto, el Juzgado rechaza esta observación de la ONPE porque, dice, la sentencia debe cumplirse en sus propios términos y dentro del plazo establecido ahí, es decir, 3 días hábiles.
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“Cumpla la entidad demandada (ONPE) en el plazo máximo de 15 días con dar cumplimiento la sentencia con la calidad de cosa juzgada sin mayor dilación y en sus propios términos, debiendo de no solo remitir la información de manera física sino también de manera digital”, se lee en la resolución.
Por otro lado, el Juzgado sí le da razón a la entidad electoral sobre el costo de las copias certificadas. Según el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la ONPE, la certificación de más de 2,5 millones de páginas costaría más de 17,5 millones de soles, monto deberá ser cancelado por Fuerza Popular.
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¿Por qué se le dio la razón a Fuerza Popular?
El fallo de primera instancia, al que accedió Infobae, declaró que la lista de electores constituye información pública y debe ser entregada, dado que fue utilizada en la segunda vuelta y se considera de acceso público.
La sentencia de primera instancia no abordó la protección de datos personales. Este aspecto fue precisado posteriormente en apelación por la Segunda Sala en lo Constitucional de Lima, que confirmó la obligación de entregar la lista, pero estableció que la documentación debe proteger los datos sensibles de los ciudadanos. “La negativa de entrega no fue debidamente fundamentada ni proporcional”, indicaron los magistrados en el fallo.
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Los jueces superiores indicaron que la ONPE no evaluó la posibilidad de entregar la información mediante procesos de anonimización o supresión de datos personales.
El tribunal citó a especialistas en derecho constitucional, como César Landa Arroyo y Christian Guzmán Napurí, para fundamentar que el acceso a información electoral tiene interés público y contribuye a la transparencia y fiscalización ciudadana.
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De acuerdo con la sentencia, la ONPE tendrá que proporcionar la lista de electores de la segunda vuelta de 2021, siempre que se apliquen las medidas necesarias para salvaguardar los datos personales.
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