El Ministerio de Energía y Minas (Minem) cerró —al menos por ahora— la puerta al proyecto Conga, una de las iniciativas mineras más polémicas y ambiciosas en la historia reciente del Perú. Durante su participación en PERUMIN 37, el titular de la cartera, Luis Montero, aseguró que el megaproyecto “no está en la agenda del Gobierno” ni en la cartera de inversión actual.
El ministro fue claro en señalar que, aunque Conga no forma parte de los planes inmediatos, no está descartado de manera definitiva. “La mina está ahí, el recurso está ahí. Se volverá a dialogar cuando sea necesario y eso sea posible, con mucho respeto”, afirmó. Sus declaraciones se enmarcan en un esfuerzo por promover una minería “integrada al territorio”, que no solo busque rentabilidad, sino también sostenibilidad social y ambiental.
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Megaproyecto millonario en Cajamarca
Conga fue concebido como una extensión de la mina Yanacocha, operada por la estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura, con participación de la Corporación Financiera Internacional. Ubicado en Cajamarca, a más de 3.700 metros de altura, buscaba extraer oro y cobre con una inversión aproximada de 4.800 millones de dólares.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado en 2010 durante el gobierno de Alan García, y las proyecciones eran optimistas: se estimaba que Conga generaría 800 millones de dólares en tributos al Estado en sus primeros cinco años, además de 250 millones de dólares en canon para la región. Sin embargo, la llegada al poder de Ollanta Humala en 2011, con un discurso inicial que priorizaba “el agua sobre el oro”, abrió un debate que luego se tornó en conflicto abierto.
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Rechazo social y ambiental
Las comunidades campesinas y organizaciones locales denunciaron que el proyecto afectaría directamente lagunas, cabeceras de cuenca y fuentes de agua de Cajamarca. Según el propio EIA, Conga tendría un impacto en 682 manantiales, 102 fuentes de agua para consumo humano y 18 canales de riego. La aprobación exprés del estudio, en apenas diez meses y sin un análisis hidrogeológico completo, incrementó la desconfianza en la población.
La situación se agravó cuando Humala, ya en el poder, respaldó el proyecto pese a sus promesas de campaña. Este viraje fue considerado por muchos cajamarquinos como una traición, lo que detonó marchas regionales y huelgas bajo la consigna “¡Conga no va!”.
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Las tensiones escalaron rápidamente y, en noviembre de 2011, el Gobierno decretó estado de emergencia en varias provincias de Cajamarca, como Celendín y Bambamarca. La represión policial dejó un saldo trágico en julio de 2012: cinco personas murieron y decenas resultaron heridas durante las protestas. Además, más de 300 defensores ambientales fueron procesados judicialmente.
Suspensión y consecuencias
Pese a intentos de la empresa por calmar las tensiones —incluyendo la construcción de reservorios de agua— y a los peritajes encargados por el Gobierno, la oposición nunca cedió. Finalmente, en noviembre de 2012, la compañía anunció la suspensión indefinida del proyecto hasta que existieran “condiciones sociales favorables”.
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El ministro Luis Montero enfatizó en PERUMIN 37 que la minería peruana debe replantearse con un enfoque de desarrollo integrado, en el que convivan actividades como la agroexportación, la ganadería y el turismo. Citó como ejemplos los avances de proyectos como Tía María, Pampa de Pongo y Cerro Verde en Arequipa.
Asimismo, recordó que el Gobierno ha priorizado otros proyectos en Cajamarca, como La Granja y Michiquillay, considerados más viables por su mayor aceptación social y menores riesgos ambientales.
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