El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, enfrenta una investigación del Ministerio Público por un presunto fraude millonario, a raíz de una denuncia presentada por Adela Huamancusi, quien afirma haberle entregado 20 mil dólares y 10 mil soles a cambio de apoyo legal que nunca recibió.
En una entrevista con Cuarto Poder, que reveló el caso este domingo, Huamancusi explicó que buscó asistencia legal para el proceso judicial de su esposo, recluido en prisión. “Le dije que tenía 20 mil dólares más 10 mil soles y me respondió que no había problema, pero después tendría que agregar más (hasta completar 25 mil dólares)”, señaló.
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Según el expediente fiscal, la entrega del dinero se realizó en abril de 2019, en un edificio de Lince donde operaba el estudio jurídico de Paredes. Al solicitar un recibo que acreditara la transacción, recibió una respuesta airada: “Señora, ¿cómo le voy a dar recibo? Si desconfías, recoge tu dinero y que se pudra tu esposo”. Huamancusi no replicó en ese momento y dejó el caso en manos del abogado.
El proceso judicial de su esposo no registró avances. Según José Carlos Rivera, defensa legal de la denunciante, Paredes jamás asumió la representación legal ni realizó gestión alguna. La denuncia se presentó en julio del año pasado, junto con audios, fotografías y conversaciones donde el abogado admite haber recibido el dinero y se compromete a devolverlo.
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En una de las conversaciones, Huamancusi preguntó: “¿Cuándo me devolverá mi plata?”, a lo que él respondió: “Yo se lo voy a devolver, señora. Le estoy dando mi palabra”. En otro mensaje, ofreció vender su reloj para saldar la deuda en cuatro partes.
Ante estos hechos, el Ministerio Público remitió el caso a la fiscalía especializada, al detectar indicios de tráfico de influencias y posible estafa por servicios no prestados.
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El dominical también reveló que, desde el inicio de la gestión de Paredes, existen al menos 23 denuncias policiales y 18 carpetas fiscales en su contra. Entre ellas figuran antecedentes por conducir en estado de ebriedad, resistirse a la autoridad y provocar accidentes de tránsito.
Además, en 2023, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima lo sancionó con un año de inhabilitación por su conducta profesional. Aunque el Poder Judicial anuló la medida por vicios de forma, el proceso ético continúa pendiente.
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Otros antecedentes
Anteriormente, un reportaje de Contracorriente reveló que Paredes fue denunciado por estafa tras cobrar 3.500 dólares a un médico por un servicio legal que nunca brindó. Aunque la denuncia fue archivada, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) lo sancionó con una multa de tres UIT por no emitir recibo ni devolver el dinero.
El funcionario también está vinculado a la fallida obra de la sede descentralizada del INPE en Surquillo, iniciada en 2017 con un presupuesto de seis millones de soles y que ya supera los 22 millones sin haber sido concluida.
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A estas observaciones se suman acusaciones de presuntos cobros indebidos para designar funcionarios en el sistema penitenciario. José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior, denunció públicamente que Paredes habría pedido entre 30 mil y 50 mil soles por nombramientos, aunque aclaró no tener pruebas. La institución calificó estas declaraciones como difamatorias y anunció que evalúa acciones legales.
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