El gobierno peruano decretó la emergencia sanitaria durante 90 días calendario por el brote de sarampión con transmisión local confirmada en el departamento de Puno y el riesgo elevado de diseminación en Lima Metropolitana, el Callao y otras 12 regiones del territorio nacional.
La medida, publicada en el Diario El Peruano mediante el Decreto Supremo Nº 008-2026-SA, busca contener la expansión del virus ante un escenario de alta vulnerabilidad poblacional y bajas coberturas de vacunación.
La disposición oficial incluye a Lima Metropolitana, la Provincia Constitucional del Callao y los departamentos de Puno, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac.
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El decreto detalla que la decisión responde al análisis del Comité Técnico del Ministerio de Salud (Minsa), que recomendó la declaratoria tras confirmar la transmisión local en Puno y advertir un elevado riesgo de propagación en múltiples regiones.
Según el documento, la emergencia tiene como objetivo central reducir el potencial impacto negativo del brote de sarampión en la salud de la población. El decreto encarga al Minsa, al Instituto Nacional de Salud (INS), a las Direcciones Regionales de Salud y a otras entidades del sector, la ejecución inmediata de acciones contempladas en el Plan de Acción adjunto al decreto.
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Atribuciones del Estado
La decisión del Ejecutivo se fundamenta en los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú, que garantizan el derecho a la protección de la salud, y en la Ley General de Salud (Ley Nº 26842), que establece la responsabilidad indelegable del Estado en la provisión de servicios de salud pública.
El decreto también invoca el Decreto Legislativo Nº 1156, que habilita la declaración de emergencia sanitaria ante situaciones de riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones.
De acuerdo con el texto oficial, la emergencia se declara después de que, el 7 de abril de 2026, la Alerta Epidemiológica AE-CDC-Nº005-2025 advirtiera sobre la transmisión local de sarampión en Puno y alertara sobre el peligro de expansión a otras zonas. La alerta instó a las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas, privadas y mixtas a fortalecer la vigilancia epidemiológica y a cerrar brechas de vacunación, así como a intensificar campañas de promoción de la salud y organización de los servicios sanitarios.
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Diagnóstico de la situación
El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa identificó un alto riesgo de diseminación del sarampión en Perú debido al acúmulo de personas susceptibles y a las bajas coberturas de vacunación en las edades analizadas, además de la presencia de brotes activos en otros países de la región.
Esta evaluación, recogida en el Informe Nº D000015-2026-CDC-DVSP-YBB-MINSA, sostiene que el escenario epidemiológico configura una emergencia sanitaria que requiere intervención urgente.Por su parte, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, mediante la Nota Informativa Nº D001186-2026-DGIESP-MINSA, subrayó que, pese a las acciones de bloqueo vacunal y al incremento de la productividad vacunal en Puno, los resultados no permitieron recuperar la totalidad de personas susceptibles ni cerrar brechas históricas de vacunación en diferentes cohortes de edad. El documento advierte que persisten condiciones que limitan el control efectivo del brote.
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Plan de emergencia
El Decreto Supremo precisa que las entidades intervinientes deberán ejecutar las acciones inmediatas contempladas en el Plan de Acción para la atención de la emergencia sanitaria, orientadas al control del brote, la vigilancia epidemiológica, la vacunación extramural, la comunicación de riesgos y el enfoque intercultural en las estrategias de intervención.
Se dispone, además, la contratación prioritaria de bienes y servicios detallados en el Anexo II del decreto, destinados exclusivamente al cumplimiento de los fines establecidos.El financiamiento de la emergencia se realizará con cargo al presupuesto institucional de los organismos involucrados, en concordancia con las leyes anuales de presupuesto.
Al finalizar el periodo de emergencia, las entidades responsables deberán presentar un informe sobre las actividades realizadas y los recursos aplicados en el marco del plan.
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Vigencia de la norma
La emergencia sanitaria regirá por 90 días calendario y podrá prorrogarse si las condiciones epidemiológicas lo ameritan. Los anexos del decreto, que contienen el plan de acción y la relación de bienes y servicios requeridos, estarán disponibles en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano y en la web institucional del Minsa el mismo día de la publicación de la norma en el Diario El Peruano.
La medida lleva la firma del presidente José María Balcázar Zelada y del ministro de Salud Juan Carlos Velasco Guerrero, y fue aprobada en sesión del Consejo de Ministros.
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