El Gobierno peruano designó a Emilio Paredes Yataco como nuevo presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), según lo establece la Resolución Suprema N.º 133-2025-JUS, publicada en el diario oficial El Peruano. La medida fue adoptada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte y del titular de Justicia, Juan Enrique Alcántara.
Paredes reemplaza a Javier Llaque Moya, quien dejó el cargo en abril de este año, tras la fuga de un interno extranjero del penal de Lurigancho, uno de los recintos penitenciarios más sobrepoblados del país. En la resolución oficial, el Ejecutivo agradece los servicios prestados por el exfuncionario.
Con esta designación, Emilio Paredes asume el liderazgo del Consejo Nacional Penitenciario, órgano rector de la política penitenciaria en el Perú. Su gestión inicia en un contexto marcado por el hacinamiento carcelario, la presencia de redes criminales que operan desde los penales y recientes episodios de fugas de internos, que han puesto bajo escrutinio la seguridad del sistema penitenciario.
El nuevo titular del INPE deberá enfrentar el reto de reforzar la seguridad en los establecimientos penitenciarios, implementar políticas de rehabilitación efectivas y coordinar con otras instituciones del Estado para controlar las actividades delictivas que se generan desde el interior de las cárceles.
Se prevé que en los próximos días, Paredes brinde declaraciones sobre los lineamientos prioritarios de su gestión, que incluirían reformas operativas, estrategias de control y medidas de respuesta ante los casos de corrupción y criminalidad en los centros de reclusión.
Altos cargos penitenciarios
La llegada de Emilio Paredes al INPE se produce poco después de que el Gobierno modificara, en mayo pasado, los requisitos mínimos exigidos para ocupar cargos de alta responsabilidad en el sistema penitenciario. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 009-2025-JUS, también publicado en El Peruano, en el marco de la declaratoria de emergencia en el sistema penitenciario nacional.
Según la nueva norma, para ser designado presidente del INPE se requiere:
- Ser peruano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.
- Contar con título profesional universitario.
- Tener conocimientos en materias criminológicas, penitenciarias o afines.
- Acreditar al menos ocho años de experiencia general en el sector público o privado.
- Contar con cinco años de experiencia específica en cargos directivos o de nivel jerárquico similar, dentro o fuera del sector público (este tiempo puede incluirse en la experiencia general).
- No tener antecedentes penales ni policiales.
La disposición tiene carácter excepcional y responde a la necesidad de fortalecer con urgencia la capacidad operativa del sistema penitenciario, ante la presión que representa el incremento de la población carcelaria, las limitaciones en infraestructura y los recientes eventos que han puesto en evidencia fallas críticas en seguridad y gestión.
De esta forma, el Ejecutivo busca ampliar el abanico de posibles candidatos con experiencia técnica o de gestión para liderar una de las instituciones más desafiantes del sector justicia. La medida fue impulsada como parte del plan de reestructuración del sistema carcelario y de prevención del crimen organizado que opera desde los penales.
El INPE, entidad adscrita al MINJUSDH, administra actualmente más de 60 establecimientos penitenciarios en el país. Según cifras oficiales, la población penal supera los 97 mil internos, mientras que la capacidad instalada del sistema solo alcanza para cerca de 40 mil, lo que representa un nivel de hacinamiento superior al 140%.
En este escenario, la gestión de Emilio Paredes deberá abordar también temas estructurales como el mejoramiento de las condiciones de vida de los internos, la modernización de los sistemas de vigilancia y control, y la implementación de programas de reinserción social.
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