
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), dirigida por el alcalde Rafael López Aliaga, denunció este jueves que un grupo de atacantes cibernéticos intentó apropiarse de sus fondos en una acción detectada el pasado 27 de agosto.
Mediante un comunicado, la gestión edil detalló que los delincuentes informáticos intentaron sustraer dinero, sin precisar el monto, de las cuentas de la institución en el Banco de la Nación (BN).
La MML informó que el hecho fue denunciado de inmediato ante el Ministerio Público y la Policía Nacional (PNP), con el fin de sancionar a “los que resulten responsables de estas acciones delincuenciales”.
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La comuna también exigió al Banco de la Nación, entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), una mejora en “sus sistemas de cómputo, para dar mayor seguridad a los depósitos de las instituciones públicas, así como del público en general”. Hasta el momento, la entidad estatal no se ha pronunciado al respecto.

La comuna difundió su misiva en el momento en que López Aliaga colocaba la primera piedra para la construcción del Edificio Giacoletti del centro de Lima, el cual quedó destruido tras un incendio en 2018.
El intento de ciberataque se hizo público tras un reportaje de Epicentro TV que reveló que la gestión del burgomaestre pagó más de S/ 4 millones a funcionarios de confianza por Cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales (ICOMI), sin aparente sustento legal.
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De acuerdo con el portal de investigación, entre julio de 2023 y julio de 2025, se realizaron seis pagos que beneficiaron a unos 170 trabajadores por entrega, con montos de hasta S/ 10.000. Los pagos se financiaron con recursos propios de la municipalidad, tras un proceso interno que siempre calificó a las áreas con eficacia del 100%.
El MEF advirtió que este incentivo no tiene respaldo normativo. Sin embargo, la municipalidad respondió que el bono se basa en una ordenanza de 1996 y que solo se entrega si se cumple al menos el 95% del plan operativo y hay presupuesto disponible.
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Contratados
Anteriormente, OjoPúblico expuso que desde enero de 2023, al menos 32 afiliados de Renovación Popular fueron contratados o designados en distintos niveles de la MML. De ellos, 19 asumieron cargos en la sede central como gerentes, asesores o personal administrativo, y 13 en entidades municipales como Serpar, Sisol, SAT, Emape, Emilima y Emmsa.
La mayoría fue nombrado directamente por el alcalde, varios ocupan más de un cargo y algunos forman parte de juntas directivas. Nueve de los designados fueron candidatos en las elecciones de 2022 por Renovación Popular, cinco son aportantes del partido y tres trabajaron en la gestión de Luis Castañeda Lossio.
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Uno de los casos más visibles es Vicente Sotelo Montenegro, actual personero legal del partido, quien ocupa cuatro cargos directivos en distintas entidades municipales. OjoPúblico también informó que otros ocho afiliados asumieron puestos en la Sociedad de Beneficencia de Lima.
Las designaciones ocurren mientras López Aliaga anuncia su salida temporal del cargo en octubre, con miras a una eventual postulación presidencial. Ni la comuna ni las entidades involucradas respondieron a los requerimientos del medio, salvo Sotelo. Especialistas advierten que estos nombramientos carecen de criterios técnicos y responden a vínculos políticos.
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Entre los elementos presentados por el Ministerio Público figuran pericias, testimonios y una presunta confesión realizada durante el entierro de la víctima

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