Perú integra ranking de los países con más desacatos a la Corte IDH

La reciente promulgación del Ejecutivo a la cuestionada “Ley de amnistía”, que beneficia a militares, policías y comités de autodefensa investigados por crímenes cometidos en la lucha contra el terrorismo, encendió alertas en el sistema interamericano de derechos humanos.

Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la comisionada Andrea Pochak señaló que el Perú figura hoy entre los Estados de la región con más desacatos a sentencias de la Corte IDH, lo que refleja un patrón de resistencia a cumplir con obligaciones internacionales y un retroceso para las víctimas, quienes han esperado justicia durante décadas.

Más de 20 desacatos acumulados

De acuerdo con Pochak, el Estado peruano ya arrastra un historial de más de 20 desacatos frente a la Corte IDH, lo que coloca al país en una posición crítica dentro de la región. Son pocos los Estados que suman un récord tan alto de incumplimientos de resoluciones internacionales.

“Perú ya viene acumulando más de 20 desacatos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esto coloca a Perú en una situación particular en la región. Hay muy pocos países que tienen este récord de desacatos”, declaró.

El anuncio se produce después de que la presidenta Dina Boluarte promulgara la ley el pasado 13 de agosto. En su discurso, la mandataria aseguró que se trataba de un “acto de justicia” hacia quienes enfrentaron el terrorismo. Sin embargo, para la Comisión y Corte IDH, se trata de una norma que vulnera los compromisos internacionales asumidos por el Perú y que, por tanto, no debería ser aplicada en los tribunales.

“Nosotros lamentamos desde la Comisión Interamericana que Perú integre el ranking de los países con más desacatos a la Corte Interamericana”, declaró Pochak en entrevista a RPP.

Amnistía incompatible con sentencias internacionales

La comisionada explicó que esta amnistía representa un desafío directo a fallos históricos de la Corte IDH, como los casos Barrios Altos y La Cantuta, donde se estableció la invalidez de leyes que favorecen la impunidad en crímenes de lesa humanidad.

Frente a los argumentos del Ejecutivo —que ha defendido la medida señalando que “el Perú no es colonia de nadie” y cuestionando la intervención anticipada de la Corte—, Pochak fue enfática: “Esa posición es realmente un claro desacato a las decisiones de la Corte Interamericana”.

Asimismo, recordó que corresponde a los jueces nacionales aplicar el control de convencionalidad, es decir, evaluar si una norma se ajusta o no a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Bajo ese criterio, la amnistía promulgada no debería tener efectos jurídicos.

Impacto para víctimas y organizaciones

La CIDH también advirtió sobre las repercusiones sociales que puede traer la aplicación de esta norma. Pochak sostuvo que las víctimas y sus familiares no aceptarán que se cierren los procesos sin una respuesta de justicia real.

“Va a traer una fuerte resistencia de las víctimas que hace muchísimos años nos están demostrando que no están dispuestas a sostener la impunidad. Las víctimas con mucho coraje, las víctimas de Perú, los familiares, las organizaciones de derechos humanos siguen en su lucha y desde la Comisión Interamericana, por supuesto, los vamos a acompañar”, manifestó.

Diversos colectivos en el país ya han mostrado su rechazo a la amnistía, alertando que el Estado está debilitando la protección de derechos fundamentales y abriendo la puerta a un escenario de impunidad en casos de graves violaciones.

Debate sobre la permanencia en la Corte IDH

La medida ha reavivado la discusión sobre una eventual salida del Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana, propuesta impulsada por sectores políticos que cuestionan su rol. Pochak hizo un llamado a la prudencia y remarcó la contradicción que supondría apartarse del sistema al mismo tiempo que se presentan candidatos para integrarlo.

“No es coherente proponer candidatos al sistema interamericano y, al mismo tiempo, desatender sus decisiones. Los países deben someterse al escrutinio internacional no por nosotros, sino por las víctimas”, señaló.

De concretarse un retiro, el Perú quedaría sin un espacio internacional de supervisión y perdería legitimidad frente a organismos multilaterales, lo que podría traer repercusiones diplomáticas y políticas.

Un patrón reiterado de incumplimientos

La comisionada recordó que el desacato no es nuevo en la conducta del Estado peruano. Medidas como el indulto al expresidente Alberto Fujimori o la aprobación de la ley de prescripción de 2024 ya habían sido cuestionadas por la Corte IDH en el pasado.

A pesar de las reiteradas advertencias, el país sigue acumulando observaciones por incumplimientos en materia de justicia y reparación a las víctimas. Para la CIDH, la promulgación de esta amnistía confirma un patrón de resistencia a acatar sentencias internacionales, lo que debilita la institucionalidad democrática y el Estado de derecho.