“Nos están quitando la justicia”: a 40 años de la masacre de Accomarca, familiares reclaman al Ejecutivo por promulgación de ley de amnistía

El 14 de agosto de 1985, la comunidad de Accomarca, en Ayacucho, fue escenario de uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del Perú, 69 personas, entre ellas 24 niños y niñas, fueron ejecutadas por efectivos militares en uno de los crímenes más atroces durante la época del terrorismo.

Cuarenta años después, el Estado ha vuelto a fallarles a las víctimas: este 13 de agosto de 2025, a solo un día de la conmemoración, el Ejecutivo promulgó una ley de amnistía que podría anular las condenas logradas tras décadas de lucha.

“Para los pobres no hay justicia”, repite con dolor Francisco Ochoa, vicepresidente de la Asociación de Familiares Afectados por la Violencia Política del Distrito de Accomarca. “Nos sentimos indignados, traicionados por el gobierno. ¿Cómo es posible que premien a los asesinos?”, se pregunta.

La norma, oficializada hoy en el diario El Peruano, permite que militares y policías condenados o investigados por violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado entre 1980 y 2000 queden exentos de responsabilidad penal, incluso en casos con sentencia firme.

Un nuevo golpe para las víctimas de la masacre de Accomarca

Justa Gamboa, familiar de víctimas y testigo sobreviviente, califica la promulgación de la ley de amnistía como “una patada directa al corazón”. A cuatro décadas del crimen, denuncia que el Estado ha vuelto a vulnerar sus derechos. “Mataron, violaron, ejecutaron. Ahora quieren borrar lo que pasó. Nos afecta como si nos torturaran otra vez”, afirma en diálogo con Infobae Perú.

El dolor no ha terminado. Francisco Ochoa, desde Ayacucho, expresó su profunda indignación: “Desde la sentencia en 2016, solo han estado presos siete de los dieciocho militares sentenciados, y son de menor rango. Los de mayor jerarquía no han cumplido ni un solo día de prisión”.

A esto se suma una deuda pendiente con la verdad que implica poder darles nombres a todas las víctimas, dado que solo dieciocho de las sesenta y nueve víctimas aún no han sido identificadas, debido a la falta de presupuesto y reactivos en el Ministerio Público.

Para las familias, la promulgación de esta ley es una forma de impunidad institucionalizada que reabre heridas abiertas desde 1985.

Una sentencia histórica que podría quedar en el olvido

La masacre de Accomarca fue declarada crimen de lesa humanidad en 2016. Tras años de procesos judiciales, en junio de este año la Corte Suprema reconoció finalmente al Estado peruano como tercero civilmente responsable, habilitando a las familias a iniciar procesos de reparación civil. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía, este avance podría quedar sin efecto.

“Cuarenta años luchando por justicia, y ahora el Estado quiere limpiar sus crímenes”, lamenta Justa Gamboa. “Nos empobrecimos, quedamos sin educación, comiendo de la basura, y ahora quieren dejarnos sin justicia”.

Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), denuncia que esta norma representa “un hecho nauseabundo e inmoral”. Explica que la ley llega tras el fracaso de la ley de prescripción, que solo fue admitida una vez entre las cincuenta solicitudes. “Quienes impulsaron esta norma sacaron su ‘plan B’”.

Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), su secretaria ejecutiva Tania Pariona ha sido enfática: “Esta ley impone un olvido forzado. Hay datos probatorios imposibles de borrar, pero se está revictimizando a quienes ya lucharon por justicia”.

Según la CNDDHH, la ley podría afectar al menos 156 casos con sentencia firme y más de 600 procesos en curso, incluyendo investigaciones, audiencias y juicios orales en curso. También alcanzaría procesos de búsqueda de personas desaparecidas. “Casos que no han llegado a sentencia pero que ahora quedan a la deriva”, advierte Pariona.

Además, la norma, según la coordinaría, se sumaría a “un paquete” de medidas que buscan debilitar la justicia. Una de ellas sería la Ley APCI, que limita el trabajo de organizaciones financiadas por cooperación internacional, impidiendo que abogados de derechos humanos representen a víctimas. “Nunca tuvimos apoyo legal del Estado. Si nos quitan también a los abogados de las ONGs, no tenemos quién nos defienda”, denuncia Gamboa.

La memoria resiste ante la impunidad

En simultáneo a la promulgación de la ley, las familias de Accomarca se movilizaron en Lima y Ayacucho para reafirmar su compromiso con la memoria y la justicia. En la sede de la CNDDHH, se leyó un pronunciamiento colectivo y se realizaron intervenciones culturales en homenaje a las víctimas.

“No es quedarnos atrapados en el dolor, sino proteger el futuro y la memoria contra la impunidad”, declaró Celestino Sotelo, presidente de la Asociación de Familias de Accomarca. “Logramos lo que parecía imposible, que algunos de los responsables fueran juzgados. Honramos a nuestros muertos luchando”.

El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), subrayó que lucharán por lo conseguido. A pesar del escenario adverso, anunció que se inicia una nueva etapa en la defensa legal del caso. “Accomarca continuará avanzando en su proceso. Lo que comienza ahora es una nueva batalla judicial”, afirmó.

Tania Pariona también vinculó la lucha por justicia con los hallazgos más recientes en Ayacucho. Recordó que, hace apenas unos días, se descubrió una fosa común con los restos de una familia completa en las afueras de Huamanga. “Mientras los cuerpos sobresalen, se afirman y se muestran, se aprueba una ley de amnistía que intenta obligar al perdón, que intenta borrar la memoria, pero es imposible”.