La presidenta de la República, Dina Boluarte, promulgó este miércoles la polémica ley de amnistía que favorece a policías, militares y miembros de comités de autodefensa denunciados, acusados o procesados por violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000, en el contexto del conflicto armado interno.
El controversial acto contó con la presencia de congresistas como Fernando Rospigliosi, Martha Moyano, Alfredo Azurin, Jorge Montoya, José Cueto, José Williams y Víctor Flores, así como del primer ministro Eduardo Arana, otras autoridades, representantes militares y policiales y miembros de comités de autodefensa. Según una invitación que circula en instancias castrenses, se solicitó a los asistentes a lucir traje formal y condecoraciones para celebrar la medida.
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Durante su intervención, Boluarte defendió la medida asegurando que “el Perú está honrando a sus defensores y rechazando con firmeza cualquier intromisión interna o externa. No podemos permitir que la historia se distorsione, que los victimarios pretendan convertirse en víctimas y que los verdaderos defensores de la patria sean señalados como enemigos de la nación que juraron proteger".
Un detalle particular y que llamó la atención fue que entre los asistentes estuvo presente el exmiembro del grupo Colina, Juan Rivera Lazo, quien fue excarcelado en 2024. Rivera recibió el saludo de la presidenta Dina Boluarte una vez culminada la ceremonia.
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Ley de amnistía
La norma —aprobada por el Congreso el pasado 9 de julio en segunda votación y contenida en el Proyecto de Ley 7549/2023-CR— concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa que no cuenten con sentencia firme y que enfrenten denuncias, investigaciones o procesos judiciales por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo en las dos décadas de conflicto interno.
También incluye una disposición de carácter “humanitario” para personas mayores de 80 años sentenciados, siempre que no hayan sido condenadas por terrorismo ni corrupción.
La aprobación en la Comisión Permanente contó con 16 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención. En el Pleno, el respaldo fue de 61 congresistas, principalmente de bancadas conservadoras, frente a 44 votos en contra y 3 abstenciones.
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Riesgo de impunidad
Organismos de derechos humanos y juristas han advertido que esta medida podría abrir la puerta a la impunidad en casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta, ambos calificados como crímenes de lesa humanidad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Asimismo, críticos de la ley sostienen que su contenido recuerda a la amnistía aprobada durante el régimen de Alberto Fujimori en la década de 1990, que buscó proteger a militares implicados en graves violaciones de derechos humanos.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), por su parte, calificó la medida como “profundamente lesiva” y advirtió que busca silenciar voces críticas y limitar el trabajo de quienes defienden derechos humanos y denuncian abusos.
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“Esta ley pretende controlar políticamente a quienes alzan la voz y luchan por justicia. Exigimos su derogatoria e instamos a la ciudadanía a mantenerse vigilante”, señaló la organización en un pronunciamiento público.
Desde el Congreso, los promotores de la ley de bancadas como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, argumentan que se trata de una medida de justicia y reconocimiento a quienes “arriesgaron su vida por el país” en la lucha contra el terrorismo. No obstante, opositores y asociaciones de víctimas insisten en que el texto vulnera el derecho a la verdad, justicia y reparación, además de contradecir la jurisprudencia internacional que prohíbe amnistías en casos de violaciones graves a derechos humanos.
La promulgación de esta ley se produce en medio de advertencias de la Corte IDH, que ordenó al Estado peruano suspender su trámite y convocó a una audiencia pública para el próximo 21 de agosto, donde se evaluará el impacto de la medida.
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Cabe señalar que al entrar en vigencia, el Perú incurriría en desacato a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo que constituiría el cuarto incumplimiento durante el gobierno de Boluarte.
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