El Poder Ejecutivo ha designado una entrega económica, es decir, un bono, para los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que de forma voluntaria presten servicios de patrullaje a pie, motorizado e investigación en el marco de la lucha contra la inseguridad.
De acuerdo a la ley, se busca garantizar la seguridad ciudadana, a través de “medidas extraordinarias de fortalecimiento institucional”. En ese sentido, se menciona que se optimizará recursos públicos, agilizará procesos operativos y priorizará la protección de derechos fundamentales.
Para ello, se exonerará, de forma excepcional y temporalmente, al Ministerio del Interior (Mininter) de la aplicación de numerales de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 y del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
Contrataciones en el Estado
La ley también autoriza la intervención “inmediata” del Mininter, de los gobiernos regionales (gore) y los gobiernos locales, para que durante un estado de emergencia realicen contrataciones de bienes y servicios para la “ejecución de acciones urgentes e inmediatas”.
Esto se hará en los casos de contrataciones sujetas a procedimientos de selección no competitivos, ante la ocurrencia de una situación de emergencia, o ante contextos que pongan en riesgo la seguridad o defensa del Estado o del orden público.
Transferencias financieras
Otra de las disposiciones de la normativa es que se puedan hacer transferencias permitidas entre presupuestos de instituciones para financiar productos, actividades, y proyectos. Sin embargo, estos deben estar previsto en el Programa Presupuestal 0030 llamado ‘Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana’.
Una de las entregas de dinero será entre los gobiernos locales al Mininter. Sin embargo, esto debe ser aprobado mediante un convenio de concejo municipal y regional, en el caso de que corresponda.
Evaluación y control
En otra parte del documento se establece que la Contraloría puede realizar el control concurrente a las adquisiciones que realice el Mininter, los gore, y los gobiernos locales.
Por otra parte, el sector interior será evaluado por la Secretaria del Ministerio del Interior y la Secretaría Ejecutiva de la PNP, en un plazo de 90 días hábiles, que se cumplirán 24 de octubre de este año. También se tiene que emitir una propuesta de restructuración del Ministerio del Interior y la Policía Nacional.
La ley tendrá la vigencia de 180 días calendario contados desde este 15 de junio, es decir, hasta el 12 de diciembre de este año. La excepción es el artículo 4 que seguirá hasta que termina el 2025.
Por último, para poder realizar estas acciones, se autoriza a los gobiernos regionales, gobiernos locales y al Mininter para que hagan modificaciones al presupuesto que ya fue asignado a sus respectivas instituciones.
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Ley del buen pagador
La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno y Lucha contra las Drogas del Congreso, Adriana Tudela, explicó que la exclusión de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Bono del Buen Pagador ha dejado a decenas de miles de familias sin acceso a este beneficio, a pesar de cumplir con los requisitos y pagar puntualmente sus créditos.
El Pleno aprobó en segunda y definitiva votación la modificación de la Ley 29033, que crea el Bono del Buen Pagador, para incorporar como beneficiarios al personal policial y militar que aporta a los fondos de vivienda militar y policial.
De acuerdo con el Centro de Noticias del Congreso, la propuesta se sustentó en el Proyecto de Ley 8364/2023-CR y obtuvo 49 votos a favor, 10 en contra y 13 abstenciones. La aprobación en primera votación se realizó durante la sesión plenaria del 10 de abril de 2025, y la segunda votación, que le otorga carácter definitivo, se llevó a cabo el 8 de mayo de 2025. La norma modifica los artículos 3, 4 (literal a) y 5 de la Ley 29033, permitiendo que los fondos de vivienda militar y policial sean considerados entidades financieras elegibles para otorgar el Bono del Buen Pagador.
El medio Centro de Noticias del Congreso informó que, hasta antes de esta modificación, los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quedaban fuera del alcance del bono, a pesar de que sus fondos de vivienda se financian con un aporte del 3 % del personal y un 2 % adicional del Estado. Esta situación generaba una brecha en el acceso a beneficios habitacionales para un sector que, según la presidenta de la comisión, cumple con los requisitos exigidos y mantiene sus obligaciones crediticias al día.
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