
El Ministerio de Cultura del Perú (Mincul) ha decidido revertir la controvertida Resolución Viceministerial N° 000128-2025-VMPCIC/MC, que había reducido drásticamente el área protegida de las Líneas y Geoglifos de Nasca, un sitio arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994.
La nueva Resolución Viceministerial N° 000134-2025-VMPCIC/MC, oficializada este domingo 8 de junio en el Diario Oficial El Peruano, deja sin efecto el artículo 1 de la resolución anterior y restablece el plano perimétrico aprobado en 2004, el cual abarca un área de 5.633,47 kilómetros cuadrados.
Líneas de Nasca recuperan su área protegida tras resolución anulada
La resolución inicial, emitida el 28 de mayo de 2025, había reducido el área protegida a 3.235,94 kilómetros cuadrados, generando una ola de críticas tanto a nivel nacional como internacional. Diversos medios, como El País y la alemana DW, señalaron que esta medida ponía en riesgo la conservación de los antiguos geoglifos al exponerlos a actividades mineras informales en las zonas cercanas.
Además, el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú denunció que la modificación se realizó sin estudios técnicos ni arqueológicos previos, dejando desprotegidos numerosos sitios patrimoniales que aún no han sido investigados ni delimitados formalmente.

La reducción del área protegida fue impulsada por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica y aprobada por el Ministerio de Cultura. Esta decisión fue percibida por expertos como una estrategia para liberar territorio en favor de intereses mineros, especialmente en el noreste de la reserva, donde existen concesiones en proceso de formalización.
En este sentido, la comunidad arqueológica local y extranjera advirtió que las zonas excluidas del polígono protegido quedarían sin capacidad de fiscalización ni defensa legal, exponiéndolas al saqueo y la destrucción.
Líneas de Nazca: ministro Fabricio Valencia enfrentaba 3 mociones de interpelación
La controversia escaló rápidamente, llevando al Congreso de la República a presentar tres mociones de interpelación contra el ministro de Cultura, Fabricio Alfredo Valencia Gibaja, para que explique las razones detrás de la resolución. Según las mociones, la medida no solo carecía de respaldo técnico transparente, sino que también contravenía los principios de protección del patrimonio cultural establecidos en la Constitución y en la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.
La controversia en torno a la reducción del área protegida también coincidió con cambios en el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET). Este domingo 8 de junio, se designó a Víctor Reynoso Lezano como director de la Dirección de Concesiones Mineras, un cargo que estaba vacante.

Líneas de Nasca: área protegida vuelve a plano de 2004
La nueva resolución no solo restablece el plano perimétrico original, sino que también dispone la actualización del Plan de Gestión para el Patrimonio Cultural del Territorio de Nasca y Palpa en un plazo máximo de 10 días. Este plan, aprobado en 2015, establece que cualquier acción que afecte la reserva arqueológica debe ser socializada con los actores clave, incluyendo autoridades locales y comunidades de las provincias de Ica, Nasca, Palpa y Lucanas.
El documento también ordena la formalización e implementación de la Unidad Ejecutora Nasca, una entidad que se encargará de gestionar de manera sostenible y eficiente el patrimonio cultural de la región. Según el informe técnico que sustenta la resolución, esta medida busca fortalecer las instituciones responsables de la protección del sitio y fomentar liderazgos locales a largo plazo.

¿Resuelto el conflicto por el área protegida de las Líneas de Nasca?
No se descarta que la comunidad arqueológica reciba con cautela esta rectificación, debido a que persisten las demandas de transparencia y rendición de cuentas. Por el momento, el proceso de interpelación del ministro Fabricio Valencia sigue en marcha desde el Parlamento.
El Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú ha solicitado la renuncia de los funcionarios involucrados en la emisión de la resolución inicial, acusándolos de negligencia técnica y posibles conflictos de interés. Además, se ha alertado sobre la existencia de redes de corrupción dentro del Ministerio de Cultura y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, que habrían favorecido intereses privados en detrimento del patrimonio nacional.

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