La minería ilegal amenaza la reserva de Nasca desde hace años, y el ministro de Cultura lo admite mientras se reduce el 42% del área protegida

Durante años, las pampas de Nasca guardan uno de los legados más singulares del mundo andino: los geoglifos que trazan figuras enigmáticas visibles desde el cielo. Pero ese mismo desierto, que ha sobrevivido siglos de erosión natural, enfrenta hoy una amenaza persistente y silenciosa. La minería ilegal, dispersa en campamentos improvisados y operaciones ocultas, ha logrado avanzar hacia zonas donde se ubican las Líneas de Nazca, pese a las declaraciones oficiales sobre su intangibilidad.

La reciente decisión del Gobierno de reducir la extensión de la Reserva Arqueológica de Nazca de 5.600 a 3.200 kilómetros cuadrados reavivó las dudas sobre la real capacidad del Estado para proteger estos espacios. El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, defendió la medida como una forma de “reflejar de manera más precisa la relación entre los geoglifos y las características físicas registradas en la zona”, pero también reconoció un hecho inquietante: “el tema de la minería informal es una actividad que está presente en esta zona”.

El titular de la cartera sostuvo que esa reducción no implica mayor riesgo para el patrimonio. “Eso no va a pasar”, dijo en entrevista con RPP. No obstante, no descartó la existencia de explotaciones ilegales dentro del nuevo polígono. “Hay algunos yacimientos mineros, pero no tengo la información exacta de qué tipo de mineral hay ahí”, admitió.

La declaración oficial puso sobre la mesa una problemática que el mismo Ministerio de Cultura identificó desde hace años y que incluso había descrito como la más crítica dentro de su jurisdicción arqueológica.

Actividad ilegal en áreas protegidas

En septiembre de 2024, el Ministerio de Cultura envió un informe al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú en el que calificó a la reserva de Nasca como “la zona más afectada por la minería ilegal”. La entidad detalló que, a pesar de existir regulaciones diseñadas para proteger el patrimonio cultural, las actividades fuera de la ley no respetan “la fragilidad del bien arqueológico prehispánico”.

En esa línea, informó que se han iniciado diez procesos judiciales contra personas que ingresaron a zonas prohibidas y que parte de las medidas incluye interdicciones en plantas de procesamiento dentro de la reserva.

Uno de esos operativos se realizó en el 2016, cuando la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental intervino la zona conocida como Quebrada de la Taruga, en Vista Alegre. Allí, 300 policías y seis fiscales encontraron cinco toneladas de anfo, mil detonadores, dinamita, vehículos y campamentos ilegales. La zona, declarada intangible, se encuentra dentro del entorno monumental de las Líneas de Nasca.

Cambios en el polígono oficial

El anuncio del nuevo polígono provocó cuestionamientos, especialmente porque recorta en más de 2.000 kilómetros cuadrados el área que se venía reconociendo desde 2004. El Ministerio de Cultura insistió en que la modificación no afecta el sitio inscrito como patrimonio mundial ni su zona de amortiguamiento, según los criterios de la Unesco.

“El área inscrita en la lista de patrimonio de la humanidad y el área de amortiguamiento está dentro del polígono de los 3.200 kilómetros, que sigue siendo reserva arqueológica”, aseguró Valencia.

En paralelo, el ministerio recordó que los estudios técnicos sobre el área llevaban más de dos décadas en curso y que la redefinición responde a una revisión de las características geográficas y culturales. Sin embargo, los registros históricos muestran que las amenazas no disminuyeron pese a la existencia del polígono más amplio.

En el año 2015, funcionarios del Ministerio de Cultura hallaron una mina ilegal operando dentro de la zona intangible. “Se trata de un claro atentado contra el sitio arqueológico”, sostuvo entonces el procurador público del sector. Según las primeras investigaciones, esa mina funcionó al menos dos años sin que ninguna autoridad advirtiera su existencia.

El Ministerio de Cultura señaló que una de las dificultades principales para frenar las actividades ilegales en Nasca es la clandestinidad con la que operan. A pesar de tener normativas claras y sanciones establecidas, el carácter oculto de estas operaciones impide identificar con rapidez a los responsables. “Lo ilegal, que es aquello que está fuera de la ley, obviamente no repara en la fragilidad del bien arqueológico prehispánico”, indicó el ministerio al IIMP.

Pese a esos esfuerzos, las invasiones en la provincia de Nasca y en zonas adyacentes continúan representando un desafío persistente. Las autoridades del Ministerio de Cultura señalaron que parte de las pampas de Nazca, Palpa y Lucanas (en Ayacucho) se incluyen en la reserva y que su extensión complica las labores de vigilancia. “Debido a esa gran área, las invasiones son difíciles de combatir y un problema recurrente en la zona”, se informó en otro comunicado oficial.

Riesgo latente para nuevos descubrimientos

Los arqueólogos también advirtieron sobre un problema poco visible: la posibilidad de que los mineros ilegales afecten zonas aún no estudiadas. El país cuenta con más de 27.500 bienes inmuebles prehispánicos registrados, pero muchas áreas permanecen sin explorar.

El potencial arqueológico no se limita a Nasca, sino que se extiende desde la costa hasta los Andes. Sin embargo, al no tener identificadas todas las zonas de interés, algunas actividades mineras terminan afectando evidencia aún no registrada. “Es posible que se descubran nuevos vestigios prehispánicos durante las actividades mineras”, señaló el Mincul, en referencia a las limitaciones del actual registro arqueológico.

Aunque la reducción del área de reserva fue justificada como una medida técnica, diversos especialistas cuestionan si el cambio facilitará el ingreso de actividades económicas a zonas cercanas a los geoglifos. Mientras tanto, las cifras de operaciones judiciales, interdicciones y hallazgos ilegales confirman que la amenaza sobre las Líneas de Nazca sigue vigente.