
En la inmensidad de la selva peruana, el río Santiago se ha convertido en un escenario de devastación silenciosa. En sus aguas, que históricamente sirven de fuente de sustento para los pueblos Wampis, se esconde ahora un ecosistema destruido por la minería ilegal. En sus corrientes, el mercurio, empleado en la extracción ilícita de oro, contamina sin tregua, amenazando la salud y la supervivencia de quienes dependen de ese recurso vital.
Sin embargo, la crisis que viven las comunidades Wampis en el río Santiago es un reflejo de una emergencia ecológica y social mucho más grande que el simple hecho de la contaminación por metales pesados: involucra los derechos humanos, la salud pública, la protección infantil y la sostenibilidad ambiental. La explotación de los recursos naturales en tierras indígenas avanza con tal velocidad que la riqueza de la tierra se convierte en su condena.
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Teófilo Kukush Pati, presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), denunció en una reciente visita a Lima que, en las comunidades nativas de Fortaleza, Guayabal, Belén, y San Juan, el avance de la minería ilegal ha tomado un giro sombrío. “Los mineros usan a los niños menores de edad, de cinco (...) a diez años, como escudo para defender su actividad que están realizando en nuestro territorio”, relató a los micrófonos de RPP. Los mineros, al enfrentar operativos de las autoridades, han comenzado a utilizar a los niños Wampis como barreras humanas, un método brutal y desesperado para proteger sus centros de operaciones.
La contaminación y la violencia: un ciclo destructivo

El río Santiago, que atraviesa las regiones de Amazonas y Loreto, se ha visto alterado por el constante paso de dragas que extraen oro y que, a su vez, liberan grandes cantidades de mercurio en el agua. Este metal pesado, conocido por su alta toxicidad, se dispersa por todo el ecosistema acuático, afectando tanto a la fauna como a los pobladores que consumen sus recursos. La extracción de oro a gran escala está despojando a los Wampís de su acceso al agua limpia, un derecho fundamental que está siendo arrebatado por aquellos que buscan enriquecerse a expensas de su entorno.
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“Nosotros comemos el pez del río Santiago, tomamos mismo agua del río Santiago. Por eso exigimos muy, muy, muy urgente al Estado, que dé una declaración de emergencia para lograr el buen vivir, sin contaminación del agua, los peces, el aire”, expresó Kukush Pati. Como si fuera poco, los niños y adultos de la región enfrentan los efectos de la contaminación en un contexto de vulnerabilidad sanitaria. Enfermedades como tos ferina, dengue y fiebre amarilla han comenzado a propagarse en sus comunidades, afectando principalmente a los más pequeños y a los adultos mayores.
Solicitan declaratoria de emergencia y protección de su territorio

El silencio de las autoridades y la inacción frente a la minería ilegal se han vuelto una constante para las comunidades Wampís. A pesar de las múltiples denuncias y peticiones de ayuda, el Estado no ha sido capaz de ofrecer una respuesta efectiva. Kukush Pati relató que, en reuniones anteriores con el Alto Comisionado para la Lucha contra la Minería Ilegal, las autoridades no contaron con logística adecuada para llevar a cabo los operativos necesarios. “Este año ha habido interdicción en Zona Santiago, pero no han podido lograr la interdicción porque los mineros usaron a los niños como escudo a proteger la actividad que están realizando”, explicó. Esta falta de preparación ha permitido que la minería ilegal continúe prosperando, a costa de la vida y los derechos de los pueblos indígenas.
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Sin embargo, la situación no es solo un tema ambiental. La presencia de redes criminales transnacionales que operan en la región, fortaleciendo la minería ilegal y vinculándose a la explotación sexual de niñas y jóvenes, agrava aún más el panorama. “Mineros ilegales [...] están generando muchos problemas sociales, incluido el de violación a niñas con la transmisión de enfermedades sexuales como el SIDA y otras”, denunció Kukush Pati. Este es otro de los aspectos oscuros que debe ser abordado con urgencia, ya que la violencia estructural que acompaña a la minería ilegal va más allá de la explotación de los recursos naturales.
El GTANW ha solicitado, de manera urgente, que el gobierno declare una emergencia ambiental en la zona para permitir la intervención inmediata y remover a los mineros ilegales de su territorio. “Mi presencia acá en Lima es (para) tener reunión con el Alto Comisionado para exigir al Estado que (firme) declaración de emergencia en el Río Santiago para desalojar a los mineros ilegales”, subrayó Kukush Pati, representando la desesperación de una comunidad que ve cómo su hogar es invadido por intereses externos, sin que las autoridades actúen con la rapidez que la situación requiere.
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