El interés de Elizabeth Peralta por conocer a dueño de famosa pollería peruana

La situación de Elizabeth Peralta, suspendida fiscal superior de Lavado de Activos, continúa complicándose. Dentro de los documentos en manos del Ministerio Público se reveló una conversación en la que la investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo en el caso que vincula a Andrés Hurtado presenta un particular interés por un funcionario y empresario.

Se trata de Gilmer Horna Corrales, quien, además de ser gobernador regional de Amazonas, es propietario de una conocida pollería extendida a nivel nacional y empresa de transporte interprovincial. En una transcripción fiscal a la que tuvo acceso Milagros Leiva Entrevista, la investigada consulta por el también gobernador regional de Amazonas a un hombre no identificado. “Me han dicho que es de los corralitos, que tiene una pollería, pero dicen que habla poco, que es bien raro. Cuando están los regionales, él es quien menos habla”, dijo.

• H: Sí, lo conozco doctora
• EP: ¿Y de qué partido es? Si él está en el rabo, quien no tiene rabo
• H: Sí lo ubico. Tú me dices cómo es
• EP: No, no. A que me invite pollo, no más. Para irme a comer un día pollo
• H: Pero ya lo tienes en tus manos

Aunque la petición parece inocente, crea suspicacias al considerar que se encuentra investigado y, de acuerdo a Ana Siucho, cuando el expresentador de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ escribía “mi mamá quiere chifa”, se refería a que la suspendida fiscal quería una reunión con Javier Miu Lei, otro de los investigados en la trama de tráfico de influencias.

¿Quién es Gilmer Horna Corrales?

Gilmer Horna Corrales, conocido político de la región de Amazonas, no solo es un exitoso empresario, sino que, coincidentemente, de acuerdo al programa, también se encuentra investigado por el presunto delito de lavado de activos, área en la que laboraba Peralta.

Según la tesis fiscal, detrás de sus negocios aparentemente legales se oculta una organización criminal —conformada por us esposa, hermanos e hijas— dedicada al lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas. Según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Horna realizó transferencias bancarias sospechosas que suman S/ 6,844,125 y US$ 2,459,548 entre 2008 y febrero de 2014, sin justificación aparente.

La investigación se basó en el incremento patrimonial injustificado y la vinculación con el tráfico ilícito de drogas desde al menos el año 2005. De acuerdo a los atestados Nº 001-2005- RPNP-AMAZ/DIVANDRO, de fecha 01/01/2005, y al ampliatorio Nº 007-05-RPNP-AMAZ/DIVANDRO, de fecha 12/08/2005, se le vinculan los hallazgos de 1.056 kilogramos de plantas de amapola en el sector conocido como La Orilla del caserío Mililán, en la provincia Rodríguez Mendoza, en Amazonas.

“Gilmer W. Horna Corrales, no solo sin perfil económico, ni grado de instrucción superior adquirió bienes entre el 2000-2004 junto con su cónyuge Abilia Cirila Ramírez Canchari por más de $220,000.00 dólares, sino que, entre sus 30 y 40 años, acumuló un patrimonio de S/1´120,50800 soles; lo que supone que: AGROPECUARIA GLD SAC12 (30/03/05, reactivada 2017-2019), INVERSIONES CORRALITO SAC13, EMPRESA EDUCATIVA GRUPO HORNA, SAC14 -misma fecha- (15/10/12) y PABECSA SAC15 (15/04/09), sirvieron para convertir y ocultar sus fondos ilícitos, en anómalas operaciones”, menciona sobre el caso la resolución 00065-2022-1-5001-JR-PE-10.

Además, según información del Ministerio Público, difundida por Ojo Público, hasta el mes de julio del 2022 registraba ocho investigaciones por los presuntos delitos de contaminación ambiental, nombramiento ilegal, omisión ilegal del cargo, abuso de autoridad, usurpación de funciones, negociación incompatible y defraudación patrimonial al Estado.

Asimismo, fue señalado por la Contraloría General de la República como responsable penal y administrativo por iniciar la ejecución de la carretera Cáclic–Luya–Lamud–, Chachapoyas–Aeropuerto y Lamud–Quiocta sin contar con los S/69′485.328 que se requerían, que generó el incumplimiento de los plazos del contrato y un perjuicio de S/2′432.100.