El Poder Judicial evaluará nuevamente un recurso de apelación presentado por la defensa legal de Pedro Castillo para que se archive el proceso que sigue por su fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Por este hecho, el expresidente cumple un mandato de 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo de la Diroes.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el magistrado César San Martín, será la encargada de celebrar la audiencia virtual el 15 de enero del 2024, desde las 9:00 horas, en la que analizará el recurso de Castillo Terrones para que se deje sin efecto la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley el 23 de junio pasado.
Checkley había declarado infundado el recurso de excepción de improcedencia de acción que interpuso Pedro Castillo para que se archive el proceso penal. Y es que los abogados del exmandatario alegan que los hechos que se le imputan no constituyen delito o son hechos sin connotación penal.
No obstante, el magistrado indicó en su resolución que el argumento de la defensa legal de Castillo no es correcto porque no se lleva un juicio de naturaleza política o parlamentaria, sino ante un procesamiento judicial que el Ministerio Público ya estaría próximo a presentar su acusación tras culminar la investigación preliminar.
En efecto, el fiscal Helder Uriel Terán concluyó con las indagaciones contra Castillo Terrones el 14 de diciembre pasado antes de ser cesado de la Segunda Fiscalía Suprema Provisional Transitoria. El documento se encuentra ahora en manos de Alcides Chinchay, fiscal adjunto de Terán, quien será el encargado de sustentarlo ante el Poder Judicial.
Según el diario El Comercio, el expresidente será procesado por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. Los mencionados ilícitos tienen penas de hasta veinte, tres y seis años.
En su acusación, Terán no solo ha incluido al exjefe de Estado, sino también a sus expremieres Aníbal Torres y Betssy Chávez. Igualmente se encuentran comprendidos el extitular de la cartera de Interior, Willy Huerta, y el congresista de Cambio Democrático y exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez.
De otro lado, el fiscal comprendió también a otros siete procesados por el delito de rebelión entre los que destacan tres altos mandos de la Policía Nacional: el general Manuel Lozada, el comandante Justo Venero y el teniente Eder Infanzón Chávez.
Si no existe complicaciones, la acusación contra Castillo será remitida al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que está a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley Soria, donde será revisado y se notificará a las partes.
Luego de ello, Checkley dará un plazo para las observaciones que encuentre en lo planteado por la Fiscalía contra el exmandatario. Tras subsanarse estos detalles, el juez pasará a la siguiente etapa que es el control de acusación donde definirá si el caso pasa a juicio oral.
Intentos fallidos
Cabe mencionar que los abogados de Pedro Castillo han intentado en varias oportunidades sacarlo de la cárcel. Sin embargo, el Poder Judicial ha fallado contra sus recursos que buscan anular las investigaciones por el fallido autogolpe de Estado y por el caso Puente Tarata-Petroperú-Ministerio de Vivienda.
El último intento ha sido llevar el caso de Castillo al Tribunal Constitucional con la esperanza de que la prisión preventiva cese. El 4 de diciembre hubo audiencia en el TC. Al final, los magistrados dejaron su decisión al voto.
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