Rosselli Amuruz pide al Gobierno peruano evaluar suspensión del pago de la cuota a la OEA

La tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Rosselli Amuruz, anunció que presentó una moción de para que se evalúe el “pago de la cuota” que se le otorga a la Organización de Estados Americanos (OEA). Es así como pide al Gobierno que se suspenda el desembolso del de USD 968 mil 500.

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A través del oficio, solicitó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, a “adoptar medidas urgentes” que busca encontrar defensa acorde a los “principios de democracia y derechos humanos”.

“Señora presidenta Dina Boluarte, es momento de evaluar la suspensión de la cuota de USD 968,500.00 para la OEA. No podemos permitir que algunas “ONG’s” con el argumento de defender los derechos humanos, protejan a terroristas y corruptos, lo cual debilita al Estado, al sistema democrático y a la tranquilidad de los ciudadanos”, se lee.

En el documento también se pide que la Asamblea General de la OEA impida el financiamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y que se aporte a organizaciones no gubernamentales. De acuerdo con lo que señala Amuruz, esto permitirá garantizar “neutralidad e imparcialidad” de los gobiernos.

Además, señala que se debe solicitar una nueva restructuración de los acuerdos e incluso que los países que no son parte del SIDH participen en la elección de los jueces de la Corte IDH del Comisionado.

Por otro lado, precisó que debe haber un “consenso” entre el Congreso y el Gobierno para “normar el procedimiento de propuesta del Gobierno del Perú para Jueces, Jueces Ad Hoc y Comisionados, ante la Asamblea General de la OEA”. Esto con la finalidad que integren Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Cabe precisar que la OEA recibe dinero de los países que la integran, por lo que se fija una cuota que cada Gobierno lo asume. Según con la Asociación de Contribuyentes, el Perú pagó más de 6 millones de soles en el 2022.

Investigación de la CIDH por protestas

Las protestas en el Perú empezaron el 7 de diciembre de 2022 y se prolongó por varios meses, desde donde se pedía la renuncia de la presidenta Dina Boluarte luego de la detención de Pedro Castillo por el fallido autogolpe. Sin embargo, en estas manifestaciones se reportó casi 60 fallecidos, algunos por impactos de bala.

Es así como un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó al país para evaluar la situación de crisis que se atraviesa. Por ello, emitieron un informe sobre las entrevistas y reuniones con autoridades y representantes de los gremios para conocer su solicitud.

CIDH concluyó que existe demandas “políticas explícitas y coyunturales”, pero también existen reclamos sobre comunidades campesinas y pueblos indígenas que no son atendidas por el Estado.

“En el caso de Ayacucho, se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, la Comisión concluye en su informe que las muertes ocurridas podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”, agregaron.

A su vez, precisaron que al tratarse de varias víctimas se podría calificar como una “masacre”. Mientras que en Ica, Lima, Arequipa y Cusco existió una respuesta que caracteriza “el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”.