La gestión que la presidenta de la República, Dina Boluarte, desarrolló en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) se encuentra bajo la lupa. Esto porque un informe de la Contraloría General de la República, al que Infobae Perú tuvo acceso, evidenciaría que no se siguieron los filtros adecuados para la contratación de un proveedor que fue muy cercano a ella.
El 20 de julio pasado, el órgano de control emitió el informe de acción de oficio posterior 013-2023-2-5788, cuyo título es ‘falta de fiscalización posterior a contratación efectuada por el MIDIS’, que concluye que la cartera no fiscalizó el servicio de apoyo técnico en la Oficina de Tesorería que ofreció el señor Pierre Oskar Quiñones Balarezo.
Quiñones Balarezo fue parte de la comitiva que estuvo con Boluarte Zegarra cuando recibió el flash electoral del 6 de junio del 2021 que certificó la victoria del hoy encarcelado expresidente Pedro Castillo. Por esa cercanía es que habría ganado tres órdenes de servicio: el 17 de junio, 12 de setiembre y 14 de noviembre del 2022. Todo por un monto de S/ 21 000.
Sin embargo, la Contraloría realizó una revisión de la documentación enviada por la Oficina de Abastecimiento para verificar si Quiñones cumplió con todos los requisitos de acuerdo a la ley. Uno de ellos, sin duda y gravitante, era que tuviera seis años de experiencia laboral.
La entidad fiscalizadora cursó diversos oficios a los centros de labores que Quiñones informó haber trabajado. Entre ellos se encontraba Inversiones SECHI S.A.C, donde presuntamente estuvo como asistente administrativo entre el 2 de febrero del 2015 hasta el 28 de abril del 2016. Sin embargo, la sorpresa fue cuando la citada empresa informó que el proveedor del MIDIS jamás estuvo en su planilla.
Con esta información es que la Contraloría realizó un ejercicio práctico sobre la experiencia laboral de Quiñones que no tenía los seis años que informó en un primer momento. Así, estableció que contaba con cinco años y cinco meses por el paso que tuvo por Plan Copesco Nacional, vinculado al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), y la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana.
“Los hechos expuestos ocasionaron que se afecte la transparencia y presunción de veracidad que deban regir las contrataciones públicas”, agrega el documento.
Finalmente, la Contraloría concluye que “se ha advertido un hecho de indicios de irregularidad, el cual ha sido detallado en el presente informe, a la contratación para la prestación de servicios de apoyo para el área de Tesorería del ministerio durante el periodo 2022, que no cumplió con la exigencia de los términos de referencia y de la normativa vigente, en detrimento de la transparencia de las contrataciones”.
El oficio ha sido remitido al actual ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Dermatini, a fin de que adopte las acciones necesarias para hallar a los responsables de la contratación de Quiñones durante la gestión de la actual presidenta Boluarte.
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